Los padres de Iguala, agarrados a la fe y armados con coraje

«Por miedo hemos permitido que nos secuestren y nos extorsionen y nos quedamos en silencio, pero no vamos a permitir que nos arrebaten el derecho a la vida. Vivos se los llevaron y vivos los queremos», fueron las primeras palabras de Rafael López Catarino, campesino y padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre tras una manifestación en la ciudad de Iguala. Desde hace 50 días se va a la cama y se despierta con la misma pregunta: ¿dónde está mi hijo? A falta de una respuesta, dejó su cosecha y se lanzó a buscarlo por barrancos y lugares recónditos de la sierra del estado de Guerrero.

El apoyo que han encontrado en marchas, la solidaridad a nivel nacional e internacional «nos mantiene en pie de lucha para continuar hasta las últimas consecuencias, porque si fueran hijos de políticos ya los habrían encontrado, pero como son hijos de campesinos...». Rafael no está solo. Los padres y familiares de los otros desaparecidos han dejado sus trabajos y sus vidas para buscar a sus hijos. Creen que siguen vivos y que el anuncio del hallazgo con los restos de los estudiantes es otra mentira más del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Rafael López explica que representantes del Gobierno les ofrecieron 100.000 pesos para que dejaran de buscar a sus hijos. Las autoridades han tratado de engañarlos haciéndoles creer que los cuerpos fueron encontrados y parece que la estrategia es apostar a que se cansen. Pero parece que no lo lograrán, más aún cuando todos los indicios presentados no son contundentes y la fe les dice que los hallarán con vida.

El padre del estudiante Julio César López, quien tenía 19 años cuando desapareció, se ha unido a la caravana de padres que recorre México en señal de protesta. Al preguntarle si estaría dispuesto a tomar las armas responde que sí, pues está harto de tanta injusticia. El campo le deja poco para comer y como ingreso extra trabaja en temporadas como chófer de camiones de carga. Al traer esas experiencias a su memoria se pregunta si su hijo no pasará por algo parecido. «Me pedía para comer cuando venía de la escuela, ahora me pregunto cuando tengo un plato si él ya habrá comido».

Omar Pérez Sánchez, estudiante de Magisterio de la misma escuela normalista que el resto de sus compañeros desaparecidos, se salvó aquel día porque tenía que regresar a las aulas. Uno de sus compañeros que murió aquel fatídico 26 de septiembre le contó que había entrado a estudiar a la Escuela Normal de Magisterio porque tenía vocación de enseñar a los niños. Pérez Sánchez, que cursa el segundo semestre en la Normal, cree que las autoridades del Gobierno no entregarán a «nuestros paisas hasta que se pongan en marcha las reformas que encabeza Enrique Peña Nieto».

Floriberto Cruz estuvo en la residencia del presidente Peña Nieto a finales de octubre para hablar del tema: «Al presidente se le dijo que él tiene que entregar vivos a esos niños, le pusimos ese caso en sus manos. No están cumpliendo ni él ni su gabinete, y se van a tener que ir». En la casa del señor Cruz el olor a leña es penetrante. La cocina y la letrina están al aire libre. En un improvisado fregadero hay veladoras con la imagen de San Judas Tadeo. Algunas gallinas y dos cerdos permiten a doña Micaela, su esposa, dar de comer a su familia. Su hija Edith traduce las palabras de su padre, que habla mixteco. Su hijo no es un delincuente. Asegura que es un muchacho sin vicios, que quiso dar las mejores condiciones de vida a su familia y por eso se fue. Jorge Aníbal Cruz decidió estudiar en la Escuela de Magisterio Normal de Ayotzinapa. Hoy su padre recuerda las palabras que le dijo a su hija: «Ni te culpo ni te culpes, era lo que él quería y va a regresar con nosotros». Don Cruz relata que Aníbal quería ser maestro y que la liga juvenil de futbol en El Pericón tuvo su auge gracias a su hijo.

María Telumbre conoce el fuego. Se dedica a hacer tortillas en una cocineta de carbón, y la experiencia le dice que cocinar un chivo lleva cuatro horas. Por eso, se niega a creer en la explicación dada por el Gobierno mexicano de que integrantes de un cártel del narcotráfico incineraron a su hijo y a otros 42 estudiantes desaparecidos en una gigantesca hoguera en menos de un día, lo que habría borrado cualquier huella que permita identificar los cadáveres.

Para ella, el hallazgo de dientes calcinados y fragmentos de hueso no son una prueba convincente y tienen el mismo valor que las fosas clandestinas descubiertas en el estado de Guerrero desde que los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre. Simplemente, se niega a aceptar que esas cenizas pertenezcan a su hijo de 19 años y a sus compañeros de escuela.

Para Telumbre, su esposo, Clemente Rodríguez, y otros padres, la explicación oficial es tan sólo otra mentira de un Gobierno que quiere silenciar a los pobres y echarle tierra a este escándalo. Sus exigencias de que se diga la verdad han alimentado la rabia contenida de un país frente a la incapacidad del Gobierno de enfrentarse a los brutales cárteles de la droga, a la corrupción y la impunidad.

La noche del 26 de septiembre, Telumbre y Rodríguez recibieron una llamada de su hija. Había problemas. Ambos acudieron inmediatamente a la escuela. Les dijeron que decenas de estudiantes habían ido a la ciudad de Iguala a recaudar dinero y que la policía había disparado contra los autobuses que se habían tomado por la fuerza. Durante tres días más, los padres continuaron su desesperada búsqueda en hospitales y dependencias municipales. «Los tendrán por allá escondidos, pero tengo la esperanza de que cualquier día los van a soltar», dice Rodríguez, insistiendo en que su hijo Christian Rodríguez Telumbre aún está vivo. Neupic Pro