Marine Le Pen recurrirá la sentencia y denuncia que se trata de "una decisión política"

Un terremoto político de magnitud incierta es el que está viviendo Francia tras la sentencia histórica que aparta a Marine Le Pen de la carrera por suceder a Macron en el Elíseo en 2027. La Justicia ha condenado a la líder del Reagrupamiento Nacional a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme pero que podría cumplir con brazalete electrónico y cinco años de inhabilitación política por malversación de fondos del Parlamento europeo para la financiación de su propia formación a través de asistentes. Esa pena de cinco años de inhabilitación es de aplicación inmediata según ha dictado el tribunal de París, lo cual quiere decir que no queda suspensa en función de eventuales recursos en otras instancias y por tanto, Le Pen no podrá presentarse a las presidenciales de 2027 pese a ser la primera en todos los sondeos de demoscopia efectuados hasta ahora. La sentencia supone un duro revés para sus aspiraciones políticas pese a que sus abogados ya han anunciado un recurso contra la sentencia que tiene difícil camino.

La líder ultraderechista abandonaba visiblemente enfadada el tribunal de París incluso antes incluso de que la magistrada acabara de leer su sentencia. Para la Justicia, queda probado que Le Pen estaba «en el centro de este sistema (de desvío de fondos) desde 2009». La sentencia es un varapalo sin precedentes para Le Pen y para todo el partido que tendrá que reconstruir su futuro político. Le Pen siempre ha defendido su inocencia, pero, el 13 de noviembre, la Fiscalía pidió cinco años de cárcel, dos de obligado cumplimiento y cinco años de inhabilitación contra ella.

Ahora la jueza se acerca bastante a lo solicitado por el ministerio público con la ejecución provisional de la pena. Este último ha sido un punto debatido entre juristas y políticos durante los últimos meses y ha levantado una considerable polémica en Francia. «Reclaman mi muerte política», llegó a asegurar la ultraderechista, que ha preferido mantenerse en silencio durante los últimos días. Incluso el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, criticó ya entonces la petición de la Fiscalía, al estimar que el tribunal no puede condenarla «electoralmente».

Le Pen estuvo arropada ayer en la sala por los miembros más cercanos del clan, también imputados en la misma causa como su excuñada, Catherine Griset o el vicepresidente del partido, alcalde de Perpiñán y excompañero sentimental, Louis Aliot, condenado a 18 meses de cárcel y tres años de inhabilitación, aunque en su caso, sin ejecución inmediata, lo que evitará su dimisión de la alcaldía de Perpiñán. El partido deberá también pagar una multa de dos millones de euros. En total, ocho cargos del partido han sido condenados por el caso que abarca el periodo 2004 a 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa y, por tanto, más subvenciones que en Francia. Sobre la existencia de un «sistema» que organiza el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que «realmente no ha tenido dudas» a la vista de los elementos de la investigación. Al término de la lectura de la sentencia, Aliot, vicepresidente del partido, lo calificó de «intrusión en el juego electoral, una mancha en la historia de la democracia francesa».

Varios otros cargos del partido se han expresado en esa misma línea de ataque institucional. También han apoyado a Le Pen desde varios puntos de Europa por parte de sus aliados ultraderechistas como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ha afirmado en redes sociales «Je Suis Marine», el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Salvini, incluso desde el Kremlin donde no han dudado en enarbolar la bandera del complot.En concreto, a Le Pen se le ha reprochado el cargo de malversación por cuatro asistentes parlamentarios que tuvo, pagados por el Parlamento Europeo con ocho contratos y que, según la sentencia, en realidad no realizaban funciones asociadas a su puesto de eurodiputado, sino que trabajaban para el partido. La sentencia subraya que si bien no ha existido un «enriquecimiento personal» de los acusados, queda probado el sistema «concertado» de desvío de fondos al partido por un perjuicio de más de 3 millones de euros. La legislación europea prohíbe que los asistentes trabajen para el partido, pero en este caso hubo fondos que fueron a parar al guardaespaldas de Jean Marie Le Pen o a la asistente personal de Marine Le Pen. Este caso sobre presuntos asistentes falsos en la Eurocámara no es el único que afecta a un partido francés. El actual primer ministro centrista, François Bayrou, fue juzgado por hechos similares y la justicia investiga al izquierdista Jean-Luc Mélenchon. La Justicia absolvió a Bayrou aunque condenó, entre otros, a cinco ex eurodiputados a hasta 18 meses de prisión en suspenso, multas de 50.000 euros y dos años de inhabilitación.

Primeras declaraciones públicas

En su primera intervención pública tras conocer la sentencia, Le Pen ha cargado contra la Justicia y ha tachado el veredicto de «decisión política». La líder ultraderechista ha acudido a «TF1» donde ha calificado la jornada como un «día funesto para la democracia en el que millones de franceses han sido privados de su candidata». Le Pen ha confirmado que presentará un recurso a la sentencia después de cargar duramente contra la magistrada que ha expuesto el veredicto sin aclarar cuál será su futuro político «seré combativa», ha sentenciado.

En este sentido, ha ido un paso más allá y ha asegurado que «no voy a dejar que me eliminen fácilmente. Voy a pedir que la apelación me permita plantear una candidatura». Todo apunta a que la líder de la ultraderecha pondrá en marcha una ofensiva en los tribunales para lograr presentarse, de nuevo, a las elecciones presidenciales de 2027. No en vano, desde la formación se llama a «la movilización popular» pacífica contra la inhabilitación de Marine Le Pen.