Soluciones para un derecho internacional en crisis

Madrid se vistió de La Haya. La capital del derecho internacional, que acoge las sedes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de la Corte Penal Internacional (CPI), estuvo presente en el congreso organizado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE, por sus siglas), que ha reunido a un nutrido grupo de juristas –académicos, catedráticos, jueces, fiscales y políticos– para reflexionar sobre los desafíos del derecho internacional en un mundo sacudido por los conflictos en Ucrania y Gaza, y desgastado por la pérdida de credibilidad de las instancias judiciales a escala global. Retos como la digitalización, la sostenibilidad, los derechos humanos y la cooperación amenazan la vigencia de ese conjunto de normas y estándares que definen la responsabilidad legal de los Estados.

Sobran ejemplos. Los negociadores del Parlamento Europeo y los Estados miembros aprobaron la pasada semana el borrador de la Ley de Inteligencia Artificial (IA), la primera normativa destinada a regular el uso de esta tecnología en todo el mundo. No se conocen todos los detalles y tardará unos años en salir adelante, pero la proposición ha colocado el debate de la digitalización de las instituciones en el centro del tablero.

Para la catedrática de Derecho civil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Silvia Díaz Alabart, Bruselas es «una de las sedes [para debatir y regular]» esta cuestión «principalmente por el mercado único europeo, aunque su legislación nunca termine de consolidarse». Fernando Vives Ruiz, presidente ejecutivo y socio director de Garrigues, celebró la iniciativa de la Ley de IA en el marco de la presidencia española del Consejo, pero lamentó que no se hubiera contado con Estados Unidos, epicentro de las gigantes tecnológicas que desarrollan esta tecnología.

La aplicación de la IA en el terreno de la judicatura será más complicada. Ana María Orellana, magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, advirtió: «Asistimos a una importante transformación de la administración de justicia». Aunque puntualizó que «la UE, hoy por hoy, prohíbe que los jueces sean robots».

El jurista Castor Barrado, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), concluyó: «La pregunta de fondo es si actuar en un entorno digital cambia los principios del derecho. Yo creo que no: los principios permanecen, pero el entorno varía».

El presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Ignacio Astarloa, que jugó un papel crucial en la consolidación de la Euroorden como secretario de Estado, ha retomado el debate iniciado el martes y puso el acento en la naturaleza jurídica de la Unión Europea, que se sitúa hoy «en una encrucijada» por el cuestionamiento del Estado de derecho.

Recordó Astarloa las dificultades que surgieron en el seno de la UE para ajustar los sistemas judiciales tras la gran ampliación de 2004. Accedieron entonces ocho países de Europa Central y del Este –Polonia o Hungría, entre otros–, muchos de los cuales procedían de «regímenes políticos que no compartían los valores de la Unión», en palabras de Astarloa. Apuntes a tener en cuenta cuando se esboza una nueva ampliación.

Más allá de las fronteras de los Veintisiete, Carlos Ramón Fernández Liesa, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), subrayó el descrédito en el que se ha sumido el mayor organismos internacionales, la ONU, que «no está sabiendo resolver los conflictos como el de Gaza o Ucrania, y también los grandes retos de la gobernanza global.