Derecho internacional

El tribunal de La Haya concluye que Rusia violó el tratado contra la financiación del terrorismo en Ucrania

La Corte Internacional de Justicia determina que Moscú no investigó a los rebeldes prorrusos en el Donbás y discriminó a los ucranianoparlantes de Crimea pero no exige el pago de reparaciones a Kyiv

Presiding judge Joan Donoghue, third from right, reads the United Nations top court's ruling in The Hague, Netherlands, Wednesday, Jan. 31, 2024, in a case in which Ukraine accuses Russia of bankrolling rebels in 2014 and discriminating against Crimea's multiethnic community since its annexation of the region. It is the first of two decisions by the International Court of Justice linked to the decade-long conflict between Russia and Ukraine that exploded into a full-blown war nearly two years...
Sesión de la Corte Internacional de Justicia en La HayaASSOCIATED PRESSAgencia AP

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado este miércoles que Rusia violó partes del tratado contra la financiación del terrorismo por no investigar a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania, ignorando abiertamente las peticiones de Kyiv, así como varios puntos de la convención contra la discriminación por vetar idiomas no rusos en las escuelas de Crimea desde que anexara la península en 2014. Sin embargo, el tribunal de La Haya se negó a exigir reparaciones a Rusia como pidió Ucrania en 2017.

Este fallo se centra en la violación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICSFT, por sus siglas en inglés), y el Convenio Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) por parte de Rusia. El Gobierno ucraniano había acusado a Moscú de buscar erradicar a la comunidad «multiétnica» de Crimea a través del «nacionalismo ruso discriminatorio» y de financiar la «insurrección» contra el Estado ucraniano desde 2014.

La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, recordó que este es un caso separado al iniciado hace dos años por Ucrania, que acusó a Rusia de «manipular la noción de genocidio» recogida en la Convención sobre el Genocidio (1948) para «justificar la agresión» a gran escala que el Kremlin puso en marcha en febrero de 2022.

«La situación en Ucrania es muy diferente hoy a lo que era cuando Ucrania inició este caso en enero 2017. Las partes están ahora involucradas en un conflicto armado que ha conducido a una tremenda pérdida de vidas humanas y un gran sufrimiento humano», señaló en este sentido Donoghue.

La magistrada subrayó que este caso solo se centra en la violación de artículos de la ICSFT y CERD. Pero recordó que, ya en abril de 2017, exigió a las partes, como medida cautelar, «abstenerse de realizar cualquier acción que pueda agravar la extensión del litigio ante el tribunal o dificultar su resolución».

Lamentó, sin embargo, que Rusia reconociera a las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como «estados independientes» y después lanzara «lo que llamó una operación militar especial», violando las medidas cautelares. «En opinión de la Corte, estas acciones socavaron gravemente las bases de la confianza y la cooperación mutuas y, por lo tanto, hicieron que la disputa fuera más difícil de resolver. Por estas razones, el tribunal concluye que Rusia violó la obligación contenida en la orden de abstenerse de cualquier acción que pueda agravar el litigio», señaló.

La CIJ consideró que Rusia «ha violado su obligación» con la ICSFT «al no tomar medidas para investigar los hechos contenidos en la información recibida de Ucrania sobre personas que presuntamente han cometido un delito» contra la convención que prohíbe la financiación del terrorismo. Además, determinó que Moscú también ha violado la CERD «por la forma en la que implementó su sistema educativo en Crimea después de 2014 en lo que respecta a la educación escolar en idioma ucraniano», es decir, al impedir idiomas no rusos en los colegios.

Kyiv había exigido que Moscú que la indemnizara por los crímenes cometidos por los rebeldes prorrusos en la zona este de Ucrania, lo que incluye la tragedia del vuelo MH17, el avión de Malaysia Airlines derribado el 17 de julio de 2017, que se cobró la vida de los 298 pasajeros, en su mayoría neerlandeses. Pero el tribunal no quiso exigir esas reparaciones ni pronunciarse sobre el caso del MH17. En 2022, un tribunal neerlandés sentenció a «cadena perpetua» a dos ciudadanos rusos y a un ucraniano por «asesinato» de esas 298 personas.

El presidente ruso Vladimir Putin habría autorizado personalmente la entrega de sistemas de defensa aérea a los separatistas ucranianos, incluido el sistema de misiles Buk que derribó el vuelo MH17, según concluyó un equipo conjunto de investigadores de Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania. El mismo lleva casi una década buscando pistas que permitan llevar ante la justicia a los responsables de ordenar el derribo del avión malasio.

Rusia celebra el fallo

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha celebrado el pronunciamiento de La Haya. «El tribunal rechazó prácticamente todas las demandas de Ucrania y reconoció que la política de Rusia se corresponde a los compromisos en el marco de la Convención [Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial]», recoge el comunicado.

La diplomacia rusa señaló que la CIJ reconoció así que «en Crimea no existe discriminación contra los tártaros de Crimea y los ucranianos». La cartera que dirige Serguéi Lavrov indicó que la parte ucraniana intentó presentar las medidas tomadas por Rusia contra organizaciones terroristas tártaras como persecución por motivos étnicos, pero «el CIJ no estuvo de acuerdo con esta valoración».