Acusan a un jefe de contratación de la Junta de contravenir normativa de la UE

En la denuncia en la que un funcionario da cuenta de presuntas irregularidades en la gestión de la agencia agraria y pesquera de la Junta de Andalucía, la Agapa, que ha provocado que un juzgado sevillano abra diligencias previas por un presunto delito de prevaricación, se coló la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la que no depende aquel ente público. El motivo es que el puesto de trabajo del denunciante está adscrito a ese departamento y él dice tener «conocimiento» de que en la órbita de éste han ocurrido «hechos parecidos» a los que se pueden estar produciendo en la Agapa.

El funcionario relata en su escrito de denuncia que en octubre de 2014 se nombró un nuevo jefe de servicio de contratación en Medio Ambiente, A. M. L., proveniente precisamente de la agencia de gestión agraria y que cuando llegó «trabajadores cercanos de la Secretaría General Técnica» de la consejería le trasladaron que fue «reubicado» desde la Agapa porque «allí había saltado algún tipo de escándalo en contratación y le querían cambiar de puesto para desviar la atención». Asegura que, con el tiempo, el propio A. M. L. le confirmó que no sólo fue responsable de régimen jurídico y de contratación, sino que «la materia de personal dentro de la agencia» se «confió» a «sus decisiones», pese a que él no tenía «oficialmente reconocida esa competencia». Es más, «era responsable intelectual de gran parte de la contratación de personal de la misma», se asevera en la denuncia que investiga el juzgado. Como que el jefe de servicio habría «manifestado en público que la Agapa contrataba a quien le daba la gana con la triquiñuela de exigir en los pliegos requisitos de solvencia que implican experiencia en el mismo puesto». Nombramientos que el funcionario entiende son «nulos de pleno derecho», a la luz de lo fijado en «repetida jurisprudencia» y en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). El denunciante lo acusa de hacerlo «a sabiendas» y de publicar las ofertas laborales «exclusivamente en la intranet de la Agapa». Y añade que «también parece que se encargaba de ciertos aspectos de las encomiendas de gestión».

El funcionario admite que ha tenido «disensiones» con él, a quien, entre otras cuestiones, le señaló «determinaciones de cuantía de los contratos» que entendían no estaban justificadas. En ese escenario, A. M. L. lo habría apartado de la gestión de la contratación menor para encargársela a «otra compañera mucho más colaborativa con él» y le prohibió «tener contacto con otro tipo de expedientes de forma taxativa».

Al margen de la cristalización de ese desencuentro, el denunciante afirma haber sido «testigo directo» de «incumplimientos en materia de elección y justificación de los criterios de adjudicación y de acreditación de solvencia para favorecer a determinadas empresas», lo que torpedearía la libre concurrencia a favor de un monopolio de sociedades elegidas. En ese sentido, avisa al juzgado de que en el ámbito de Medio Ambiente se podrían haber cometido «fallos en los procedimientos negociados», una «nula justificación de los importes de los contratos» o anomalías «en el funcionamiento de las mesas». Y hay más. Apunta a la «introducción de criterios prohibidos por la normativa de la UE» en los requisitos de solvencia de los contratos, lo que podría suponer la pérdida de fondos europeos. Para que él «colaborara en esto», alguna vez le «han prometido cosas». Con todo, mantuvo una resistencia que provocó, sostiene, el que hayan ejercido sobre él una «presión feroz» llegando a «los insultos, las descalificaciones y a todo tipo de actos denigrantes». De hecho, pone a disposición de la Administración de Justicia las «pruebas y evidencias claras» con las que afirma contar de esas supuestas «represalias».

Se da la circunstancia de que el juzgado en el que han acabado las diligencias que germinaron en otro, el de Instrucción número 8 de Sevilla, ha encausado ya a ese jefe de servicio de contratación de Medio Ambiente en otro proceso centrado en la adjudicación del suministro de medios aéreos para el Plan Infoca. La titular del órgano judicial lo citó a declarar como investigado –antes imputado– al apreciar en su actuación indicios de prevaricación por ese asunto. La instructora admitió además a trámite una querella criminal por ese delito formulada por la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla para poder ejercer la acusación popular contra A. M. L. Tras conocer las nuevas diligencias, fuentes de la organización adelantan a este diario que permanecerán atentos por si lo investigado en este caso pudiera entrañar «un riesgo para el medio ambiente y otros valores protegidos por las leyes».