Caso ERE

Dos ex altos cargos de la Junta se oponen a la recusación del juez de la rama política de los ERE

Manuel Gómez y Antonio Estepa ven «palmario» que Manos Limpias no argumentó su petición

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo
El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdolarazon

El ex interventor Manuel Gómez y el ex secretario general Antonio Estepa ven «palmario» que Manos Limpias no argumentó su petición

La designación del presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ex alto cargo de la Junta, Pedro Izquierdo, como ponente del juicio de la rama política del «caso ERE», la versada en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas públicas que afecta a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sigue generando movimientos.

Si tanto el sindicato Manos Limpias como el PP-A, personados en el «macroproceso», han promovido la recusación de Izquierdo; ahora el ex interventor general de la Administración autonómica, Manuel Gómez, y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, ambos encausados, se han opuesto en concreto a la impulsada por el primero. En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el representante procesal de ambos argumenta que la organización sindical resbaló en los motivos en los que basó su petición, ya que ni acreditó la «pretendida relación de amistad» con numerosos de los acusados, de un lado; ni la existencia de «un interés directo o indirecto» en el pleito por parte de Izquierdo, de otro.

En relación a la amistad, sostiene el abogado de Gómez y de Estepa que, de acuerdo a lo fijado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la que pudiera comprometer al magistrado en su función de juzgar ha de ser «íntima» y nadie puede ser descalificado para hacerlo si existe una «amistad ideológica», ya que «en el sistema de valores instaurado por la Constitución, la ideología se halla sustraída al control de los poderes públicos, prohibiéndose toda suerte de discriminación en base a la misma». En cuanto al interés en el asunto, los investigados arguyen que habría de ser «un interés singularizado» en el proceso en el que se plantea la recusación y «actual», esto es, concurrente ahora. Sin embargo, a lo que se agarró Manos Limpias para fundar su intento de apartar a Izquierdo fue, según el letrado del ex interventor general y el ex secretario de Hacienda, que algunos de los antes imputados integraron el Consejo de Gobierno en el que se dio luz verde al nombramiento del juez como secretario general para la Justicia del Ejecutivo regional. «Resulta palmario –se asevera en el escrito– que la contraparte –el sindicato– no ha realizado ningún esfuerzo argumental lógico ni probatorio para individualizar y concretar» el supuesto «beneficio o ventaja que concurriría para admitir la recusación».

Más allá de la raíz jurídica de fondo replicada, el letrado de los ex altos cargos subraya que las «dudas» o «sospechas» sobre la imparcialidad no son suficientes para armar una recusación. Y puede que este escrito no sea el único. Según ha podido saber LA RAZÓN, la representación procesal de Gómez podría presentar otro similar contra el incidente formulado por los abogados del PP.