Guerrero: «Valderas y Villalobos pidieron ayudas para sus territorios»

«Los conozco a los dos, a Diego Valderas y a Fernando Rodríguez Villalobos». Habla el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y matiza a LA RAZÓN: «Más al segundo que al primero». Es su respuesta tras la polvareda levantada por un auto de la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, en el que ordenaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si el vicepresidente del Gobierno autonómico, Valderas (IULV-CA), y el presidente de la Diputación de Sevilla y líder del PSOE provincial, Villalobos, influyeron en la concesión de fondos públicos procedentes del denominado «fondo de reptiles».

Según mantiene Guerrero, ambos eran «conocedores» del «trabajo que se llevaba a cabo en la Dirección General» de la que él era titular y los dos, tanto el actual vicepresidente andaluz como el dirigente socialista sevillano, «solicitaron» en algún momento «ayudas para sus territorios». Fondos a los que él daba luz verde, según el «modelo» ideado por sus superiores jerárquicos.

Su defensa, el abogado Fernado de Pablo, fue más allá, aunque con algo más de artificio e ironía. En una nota de prensa, que encabeza definiendo golfo como «la porción de tierra que penetra entre dos cabos», en política «generales»; reivindica el derecho a la presunción de inocencia de su cliente al recordar que el ex director general de Trabajo sólo está siendo investigado por la juez, al igual que ahora el izquierdista Valderas y el socialista Villalobos.

En alusión a manifestaciones realizadas el miércoles por el presidente de la Diputación sevillana en las que cuestionó la credibilidad de Guerrero, quien denunció en noviembre de 2013 los hechos que investiga la UCO, De Pablo explica: «El golfo planteó a su letrado que, dada la poca credibilidad que tenía su palabra, según los señores Valderas y Villalobos, a lo mejor sería conveniente citar como testigos a personas que gozan de gran predicamento y veracidad en la comunidad andaluza». «Y ¿quiénes gozan de más credibilidad que estos señores?», desliza con mordacidad

Desde ese prisma, y dado que ambos dirigentes «son perfectamente conocedores de la ritualidad subvencionadora de la Junta de Andalucía», según sostiene De Pablo, es por lo que Guerrero solicitó a la instructora sus declaraciones como testigos «con el fin de que su 'categórica' palabra adverara que las ayudas se tramitaban correctamente». Sin embargo, y «sorpresivamente», suma el abogado de Guerrero, «los apóstoles de la verdad, sin conocer siquiera el escrito, responden».

Es decir, según la interpretación del letrado: «Los cabos entran en el golfo y el golfo –Guerrero– da las gracias al reconocer ambos que todo era legal, en definitiva, lo que se pretendía» y lo que el ex director mantiene desde el origen de su imputación. Es en ese punto, tras preguntarse si los cabos «saltan» tal vez porque les preocupa «perder su 'salida al mar'», cuando De Pablo, quien ya había advertido que su representado sabe «cosas» que no ha contado, reivindica su presunción de inocencia.

«¿Ya ha sido condenado el señor Guerrero? ¿O, de momento, está siendo investigado? Por cierto, como ellos», recalca en alusión a Valderas y Villalobos.

Cabe recordar que el auto de Alaya, en el que rechaza tomar declaración a los dos políticos «por ahora», responde a un escrito presentado por el abogado de Guerrero en el que para rebatir la supuesta carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación en la concesión de ayudas de la Junta, el letrado señalaba, «a modo de ejemplo», que en los inicios del fondo de los ERE fueron concedidas varias ayudas en las que «intervinieron muy activamente» Valderas y Villalobos. De hecho, pidió que éstos declararan «con el fin de acreditar la solvencia de dichas ayudas».

Las cuatro subvenciones a las que alude De Pablo están ligadas al programa de la Diputación Provincial «Sevilla Son Sus Pueblos» –concedidas a través de la empresa instrumental Sevilla Siglo XXI– y las otorgadas a las empresas Autologística de Andalucía SA, Roda Textil y Centro Limpieza Industrial Huévar. Cuando se tramitaron estos fondos, Valderas no era diputado en el Parlamento andaluz, como él mismo recordó tras hacerse público el nuevo auto, lo que no fue óbice, a la luz del escrito de Guerrero, para que tuviera una participación «activa» de cara a que cierta empresa de las mencionadas se beneficiara del dinero público. El ex coordinador de IULV-CA negó cualquier mediación suya relacionada con los ERE. Villalobos, por su parte, admitió la concesión de una subvención de 90.000 euros concedida en 2003 por la Dirección General de Trabajo a la sociedad Sevilla Siglo XXI para la muestra «Sevilla son sus Pueblos», pero defendió su legalidad, como Guerrero.