La amenaza de desalojo pesa sobre las tierras del Humoso de Marinaleda

No se ha solicitado la propiedad y la Junta cifra en 5,6 millones los impagos del canon.

El alcalde del municipio de Marinaleda (Sevilla) asido desde hace años a un altavoz mediático, Juan Manuel Sánchez Gordillo, mantiene, y así se lo ha asegurado a LA RAZON, que los cooperativistas locales «no quieren comprar» a la Junta las tierras del Humoso, expropiadas al duque del Infantado, cedidas por la Administración regional en 1991 y de donde proceden los frutos que ahora comercializan. Pero LA RAZÓN ha tenido acceso a documentos que podrían indicar lo contrario. Uno de ellos es un escrito registrado en el Ayuntamiento el 30 de diciembre de 2015 y firmado por P. Q. como presidente del Consejo Rector de la entidad de Marinaleda S. C. A., la cooperativa de segundo grado que agrupó a ocho primarias, en el que se demanda «acceder a la propiedad de los terrenos» que tienen «en concesión», conforme a lo dispuesto en la Ley de 1/2011, de 17 de febrero y a la norma de 6/2014, de 30 diciembre del Presupuesto de la comunidad para el ejercicio de 2015.

A éste se suma un informe elaborado en el ámbito del Gobierno andaluz centrado en «la zona regable de los Humosos», consultado también por este periódico, en el que se asevera que aquel mismo día, Sánchez Gordillo acudió «con otro miembro de una de las cooperativas» a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural con un documento en el que «no solicitaban el acceso a la propiedad», si bien, se les «preparó» un modelo para hacerlo conforme a la legalidad que, efectivamente, se registró en el Consistorio de Marinaleda. De hecho, se remitió una copia escaneada del mismo por correo electrónico al jefe de servicio de Asentamientos Agrarios de la Junta, pero el Gobierno autonómico nunca llegó a recibir esa documentación de forma oficial.

Antes, el 25 de noviembre de 2011, la misma cooperativa presentó un texto previo en el que se recogía «su interés en estas tierras, incluso en tener más», se relata en el mencionado informe, tras lo que el servicio de Asentamientos Agrarios pidió a cada una de las ocho cooperativas originales que «manifestaran su conformidad», aunque, de nuevo, nunca hubo «respuesta alguna».

Y no es esa aparente contradicción entre palabras y acciones lo único llamativo que se desprende del dossier centrado en el área de los Humosos. En él se hace un repaso por la historia de esas tierras cuyo uso para algunos ha supuesto un coste cero y para otros no. Se explica que a finales de los 80 se constituyeron una docena de lotes comunitarios que ocupaban una superficie global de 1.616,50 hectáreas. Entidades asociativas de Marinaleda accedieron en julio de 1991 a ocho de ellas que ocupaban una extensión de 1.196,80 hectáreas –931,40 de regadío y 265,40 de secano–, por un plazo de concesión de 12 años a contar desde la toma de posesión de los lotes y a cambio de un canon que nunca se pagó. Fue posible gracias a una Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz de reforma Agraria (IARA) y mediante un título de concesión sin acceso a la propiedad del terreno.

Los cuatro lotes restantes, por su parte, se adjudicaron a entes asociativos de Écija (Sevilla).

Mientras las cuadrillas de jornaleros que se habían despojado del miedo espeso de trabajar en un régimen casi feudal daban vida a las tierras, en Marinaleda lo pendiente de abono se acumulaba hasta alcanzar, según el Ejecutivo regional, los 5.527.530,07 euros.

Luego, el Gobierno andaluz promovió cambios legislativos encaminados a la venta de esas fincas en «condiciones ventajosas» y se recalcularon los cánones en disposiciones adicionales de la leyes de Presupuestos de 2014 y 2015 en las que además se prorrogó el plazo de compra fijado de inicio. Tras esos pasos, los lotes de Écija fueron finalmente enajenados en marzo de 2012 por 1,1 millones «que contienen un plazo de amortización mediante hipoteca al 3,5% de interés, habiéndose abonado la primera anualidad y habiéndose otorgado escritura de forma individual» a «cada colono» que integraba «cada cooperativa», consta en el informe.

Las cooperativas de Marinaleda, por contra, volvieron a acumular impagos por valor de 160.170 euros –más de 5,68 millones sumados a la cuantía anterior–y como no se ha reclamado acceder a la propiedad, pese a haberse celebrado varias reuniones para discutir el asunto, ahora «se encuentran en una situación de precario», se sostiene en el estudio de situación del Ejecutivo autonómico ¿Qué significa eso? Pues que la apuesta de años de Sánchez Gordillo por la explotación comunal de la finca expropiada podría tener un final próximo ya que, de acuerdo a lo previsto en la Ley 1/2011 y dado que en las cuentas de 2016 no se incluyó la prórroga de años anteriores para forzar la enajenación, podría procederse al rescate de la concesión administrativa y al posterior desalojo de las parcelas.

El PSOE cuestiona a Gordillo

Preguntado por el escenario descrito, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mariano Pradas, subrayó la «buena voluntad» que, a su entender, «ha demostrado la Junta en todo este proceso para llegar a un entendimiento» y que, considera, no ha encontrado una respuesta positiva por parte del alcalde. No cree que «la Junta pueda privilegiar a unos sobre otros, porque los colonos de Écija sí han pagado y podrían exigir que se les devuelvan sus aportaciones» y se dirige a Gordillo para preguntarle «dónde quedaría la solidaridad que predica» si «exige eso». «El PSOE está a favor de que las tierras, en cooperativas o como sea, queden en el pueblo, pero si es en propiedad no van a dejar de dar trabajo», remata Pradas.