La Junta niega que haya expedientes «extraviados o destruidos» en el SAE

SEVILLA- El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, niega que «actualmente» existan expedientes administrativos «extraviados, sustraídos, deteriorados o destruidos» en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de su departamento.

En una respuesta parlamentaria por escrito, a la que accedió Europa Press, a la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Teresa Ruiz-Sillero, que se interesaba por conocer cuántos expedientes administrativos del SAE de concesión de subvenciones durante los últimos diez años «están extraviados, sustraídos, deteriorados y/o destruidos» y por si se había «denunciado o elevado informe al respecto en alguna ocasión», Sánchez Maldonado se limita a señalar que «actualmente en el SAE no existen expedientes administrativos ni extraviados, ni sustraídos, ni deteriorados ni destruidos». El PP-A llegó a denunciar en febrero de 2010, a través de su por entonces secretario general, Antonio Sanz, la presunta destrucción y falsificación de información relacionada con el «caso de los ERE» fraudulentos que se pudo llevar a cabo en la Consejería de Empleo por parte de «personal de confianza» que habría actuado «por instrucciones» del entonces presidente José Antonio Griñán.

Estas acusaciones fueron negadas en aquel momento por la Consejería de Empleo, que aseguró en un comunicado que ni su titular, Manuel Recio, o el por entonces director general del Trabajo, Daniel Alberto Rivera, hubieran "consentido, presenciado u ordenado la destrucción de ningún documento"en relación a los ERE o a ayudas a empresas investigadas por la Justicia.

No obstante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expresaba en un informe conocido en junio de 2010 la sospecha de que, durante el mandato de Rivera como director general de Trabajo, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas en el marco de la investigación, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación"que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los ERE fraudulentos.