Sindicatos

La Junta prevé ingresar dos millones más por el canon de los comedores

Mantiene el coste del servicio en 60.000.000 euros, pero obvia la precariedad laboral actual y la paulatina pérdida de calidad

CC OO lideró una movilización hace unas semanas por la precariedad laboral de las plantillas de los comedores
CC OO lideró una movilización hace unas semanas por la precariedad laboral de las plantillas de los comedoreslarazon

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública de Educación, destina 60 millones de euros al año a la gestión del servicio público de comedores escolares. Son los costes derivados de las bonificaciones fijadas por el Decreto de Apoyo a las Familias andaluzas. El procedimiento de adjudicación de estos contratos incluye el pago de un canon por parte de las empresas que en 2017 sufrirá un sensible incremento de casi el 30%, según se recoge en la memoria del Presupuesto de la comunidad que el Ejecutivo andaluz debatirá la próxima semana. En concreto, el Gobierno andaluz prevé unos ingresos de 9 millones por los cánones de comedores escolares y de aula matinal, una cantidad que el mismo documento de 2016 fijaba en 7 millones exactos. Dada la precariedad actual del servicio, traducida en los últimos tiempos en continuas quejas de padres y madres por la calidad de los menús, reivindicaciones de monitores y profesionales del sector por unas condiciones laborales paupérrimas y en dificultades financieras por parte de las empresas que ofrecen el servicio, el futuro se torna aún más sombrío.

Esta medida, concebida para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, ha ido acompañada por parte de la Junta de Andalucía del deseo de potenciar y mejorar la calidad de los menús, favoreciendo hábitos alimenticios saludables. Pero la realidad se aleja en demasiadas ocasiones de la pretendida acción política, con un sector de la población al que va dirigido que merece especial atención y un colectivo laboral que sufre unas condiciones casi inasumibles.

De 2016 a 2017, la Junta no prevé ampliar el gasto en la gestión de los comedores, que seguirá siendo de 60 millones, mientras que los contratos de aula matinal se reducen en más de 700.000 euros, pasando de 7.260.000 a 6.500.000 euros.

Los pliegos de los contratos reflejan que la Agencia Andaluza de Educación «tiene derecho a una contraprestación económica» calculada como porcentaje respecto del precio menú /día y referida a la totalidad de los menús consumidos por los usuarios del servicio público, destinada a financiar las bonificaciones previstas en el Decreto de Apoyo a la Familias, sin que se admitan contraprestaciones por debajo del 0,1%. En ocasiones, la competitividad entre las empresas concursantes conduce a ofertas económicas temerarias, según los sindicatos, que tienen una incidencia grave a medio-largo plazo para los trabajadores, castigados con expedientes de regulación temporales de empleo en ocasiones.

En una reciente movilización en Sevilla, convocada por CC OO, los trabajadores alertaban de la «avaricia» de la Administración al aplicar un «canon excesivo», que genera «injusticia, peor calidad en el servicio e incluso despidos». Por ello, llegan a cuestionarse si el 100% del canon ingresado se dedica a subvencionar a unas familias que, a la postre, son las perjudicadas por un pobre servicio.

La precariedad a la que se conduce a las empresas en ocasiones se traduce en decisiones poco usuales, como el cobro del servicio público, «con o sin ayuda parcial», por anticipado mediante domiciliación bancaria «por necesidades del servicio», acogiéndose a la normativa; iniciativa adoptada por «Catering Brens» en la provincia de Sevilla para poder pagar a los trabajadores.

De hecho, la plantilla de esta empresa mantiene la convocatoria de una huelga para los días 14, 15, 16 y 17 de noviembre por impagos. Y es que un numeroso grupo de empleados no ha cobrado aún la nómina de septiembre. El compromiso de la gerencia era pagar entre los días 12 y 15 de cada mes. Según la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, «Catering Brens» tiene abiertas dos propuestas de sanción por «incumplimientos contractuales» debido a las incidencias y los retrasos en el servicio de comedor en varios centros al comienzo del curso escolar.

Este diario ya publicó hace un par de semanas cómo la Junta se convierte en cómplice de esta precariedad laboral. La Consejería de Educación fija el precio de la hora de trabajo en 9,918 euros. La media de la jornada laboral de un monitor de comedor son dos horas al día, pero el personal encargado de atender y custodiar al alumnado apenas cobra 5 euros por hora en nómina. Los pliegos de cláusulas administrativas fijan como criterio único de adjudicación «el precio más bajo».

Al margen de la alta competencia, la Consejería incluye una serie de obligaciones laborales, sociales y económicas común en todos los contratos. El enfoque economicista de la Junta obliga a las empresas a ofertar a la baja, aún sabiendo que no pueden asumir el coste del servicio y quienes lo pagan son los trabajadores, que apenas ven 5 euros por hora de los 10 licitados.