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Pisos turísticos, la regulación pendiente

Los alojamientos ilegales crecen mientras los intereses de los vecinos, propietarios y políticos continúan enfrentados

  • Una de las acciones del Ayuntamiento de Sevilla para luchar contra las viviendas turísticas ilegales
    Una de las acciones del Ayuntamiento de Sevilla para luchar contra las viviendas turísticas ilegales
Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

02 de agosto de 2018. 18:58h

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J. D. Márquez.  Sevilla. 3/8/2018

La frustrada propuesta lanzada por el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Pedro García, relativa a una moratoria de un año con el objetivo de bloquear nuevas licencias para viviendas de uso turístico en el centro ha vuelto a situar en el punto de mira a una actividad que en los últimos meses no ha hecho más que enfrentar a vecinos, responsables políticos y propietarios. La guerra de cifras está servida, pero la realidad es que la brecha entre las viviendas regladas y las ilegales continúa ampliándose, con los históricos registros turísticos de fondo. La Federación Andaluza de Hoteleros y Alojamientos Turísticos cifró recientemente en casi 140.000 los pisos sin ningún tipo de cobertura en la comunidad autónoma, mientras que la Asociación de Viviendas Turística de Andalucía ha contabilizado 36.822 licencias otorgadas hasta el mes de junio.

La Junta de Andalucía, a través del decreto 28/2016, es la encargada de regular este ámbito, en el que los ayuntamiento también tienen mucho que decir. Sin embargo, a tenor de los crecientes conflictos vecinales, queda pendiente una regulación en profundidad que armonice intereses contrapuestos.

El presidente de la asociación de vecinos centro antiguo de Málaga, Alfonso Miranda, ve con buenos ojos la idea lanzada por Córdoba, aunque en la capital de la Costa del Sol el número de viviendas turísticas «ha crecido exponencialmente en los últimos tres años hasta alcanzar cifras desproporcionadas». De hecho, tal y como recuerda a LA RAZÓN, el 68 por ciento de los alojamientos andaluces de este tipo se ubican en Málaga. Esta proliferación de viviendas ha cambiado la vida del centro, donde «hace 20 años éramos 25.000 vecinos y ahora poco más de 4.800». «El centro tiene que ser una zona habitable y amable para propios y extraños, pero se ha convertido en un parque temático», critica Miranda, quien lamenta el «consentimiento tácito» del ayuntamiento en este sentido.

Miranda, además, no ve voluntad política para abordar el asunto, sobre todo tratándose de un sector que es la gallina de los huevos de oro tras años de crisis. «Las administraciones están mirando para otro lado», insiste, y señala algunos instrumentos municipales para propiciar una mejor regulación, como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) Centro o las ordenanzas de vía pública y ruido, que «se incumplen insistentemente».

A su juicio, el alquiler turístico no es un negocio «en el que todo vale; hay unas reglas de juego que hay que cumplir». Sin embargo, la ley de propiedad horizontal, y así lo hizo saber el Colegio de Administradores de Fincas malagueño, no puede dar respuesta a un problema que comienza a desbordarse en las comunidades de vecinos. Y la consecuencia son los choques constantes entre los residentes habituales y los turistas. «Vienen a divertirse tres o cuatro días, además a un precio mucho más barato que un hotel», subraya, además de poner en solfa el objetivo del alcalde, Francisco de la Torre, de atraer un turismo de calidad a la ciudad. «Ese turismo no cabe en el mismo tarro que el de los visitantes que se alojan en viviendas turísticas», insiste. ¿Es posible alumbrar una normativa más restrictiva? El dirigente vecinal lo tiene claro: «Una ley tarda en aprobarse, como muy pronto, un año. La propia Junta reconoce que no da abasto a la hora de dar licencias».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez-Lanzac, resta importancia a la iniciativa cordobesa porque «los ayuntamientos no tienen competencias para otorgar o no licencias», así que los propietarios de viviendas que quieran incorporarlas al mercado turístico «lo pueden hacer, siempre que cumplan con los requisitos». No obstante, ve una «temeridad» lanzar este tipo de ideas, que afectan a un sector «transversal del que dependen familias y empresas dedicadas a la decoración, construcción o limpieza». E insiste: «Están criminalizando a un sector al que se debería poner una alfombra roja».

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