Sevilla

... y en el juzgado insisten en que pagó a cargos «fantasma»

La Razón
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El origen del «caso Invercaria» se remonta a un informe de fiscalización elaborado por la Cámara de Cuentas en 2010 en el que ya se alertaba de irregularidades. Luego llegó el proceso judicial que capitanea el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, quien ya tiene en su poder un informe de los peritos judiciales que insisten en una idea: la sociedad de la Junta pagó a empleados «fantasma». Sostienen que abonó salarios de forma indebida a personas que no trabajan en ella como Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente Felipe González. Según estos peritos, Invercaria le dio de alta en la Seguridad Social de forma «indebida» en dos ocasiones, lo que provocó «cotizaciones improcedentes» por un importe de 33.635,55 euros. De esa relación laboral «inexistente» para los técnicos, se derivaron también retribuciones por valor de 190.442,5 euros, según las nóminas, y un préstamo personal de 30.000. En la misma situación se encontrarían empleados como Álvaro Leiva, quien cobró 167.284,77 euros, Jaime Lynn, con 168.456,02 u Óscar Fernández, con 306.867,72 euros, y al que se le abonó además una indemnización por despido.

En el informe se apunta, asimismo, que se ha detectado un «exceso de retribuciones» por miles de euros en relación a los ex directivos Cristóbal Cantos o Santiago Abad. A ello se suma que Tomás Pérez Sauquillo y Laura Gómiz, tuvieron una relación mercantil y no laboral con la empresa al ostentar los cargos de presidente y consejero al mismo tiempo, por lo que, en sus casos, tampoco procederían sus cotizaciones a la Seguridad Social ni sus fondos por despido.

Invercaria volvió a negar ayer rotundamente, vía nota de prensa, la existencia de esos empleados «fantasma» y recordó que existe un auto de septiembre de 2013 del Tribunal de Cuentas, sumado a las diligencias previas que instruye el juzgado, que determina específicamente respecto a los trabajadores señalados por los peritos que «el abono de retribuciones y gastos de representación» a ciertos empleados había «quedado plena y debidamente» justificado. Para la sociedad existe abierta una «causa general» contra la compañía en la que se repiten «supuestas irregularidades que no son tal».