El Botànic silencia a los funcionarios de À Punt que denunciaron al hermano de Puig

El tripartito gobernante ha vetado esta mañana en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, de Les Corts Valencianes, la comparecencia de los funcionarios que detectaron anomalías en las ofertas presentadas por la empresa del hermano de Ximo Puig, en su participación en el concurso para la licitación de las corresponsalías comarcales de À Punt en Castellón. Concretamente, estos funcionarios se dieron cuenta de que tanto la empresa de Francis Puig (Comunicació dels Ports) como las dos del empresario Adell Bover (Kriol Producciones y Canal Maestrat) habían presentado ofertas con precios idénticos, por lo que no solo suspendieron temporalmente el procedimiento sino que elevaron sus sospechas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El Botànic, que siempre ha hecho gala de la transparencia, ha alegado que las personas requeridas para asistir a la comisión “eran funcionarios”, y han rechazado de plano todas las peticiones. Desde el PP se ha criticado que la justificación de la negativa no es más que una obviedad “ya que por el hecho de ser funcionarios, ha de ser aprobada su comparecencia por la Comision, si fueran altos cargos estarían obligados a comparecer sin más”, explicó el diputado Rubén Ibáñez.

Entre los citados a comparecer a petición del PP estaba el asesor jurídico de la Mesa de Contratación, Ferrán Bargues, así como la secretaria y los vocales de la misma.

El rodillo del Botànic ha afectado también al resto de peticiones de comparecencia, hasta un total de catorce, entre las que se encontraba también los miembros del Consejo Rector y los últimos “liquidadores” del ente público Radio Televisión Valenciana.

Mientras en Instrucción 4 de Valencia se investiga las irregularidades en la concesión de subvenciones al hermano del presidente Puig, y la Fiscalía Anticorrupción toma cartas en el asunto, Les Corts impiden a funcionarios propios dar explicaciones de otras irregularidades detectadas en un proceso de concurso público y que implica a las mismas empresas investigadas.