Juicios, indemnizaciones e impagos en el hospital de Alzira tras la reversión

El Consell Jurídic Consultiu cuestiona que la Generalitat asuma el personal de la antigua concesionaria sin opositar y con casi los mismos derechos que un funcionario

En pleno debate sobre la situación y el futuro de la plantilla que en su día perteneció a la concesionaria de una empresa adjudicataria de un centro público (sirva como ejemplo la del Modelo Alzira), la Generalitat sigue sin dar explicaciones convincentes de qué será de estos trabajadores. Ninguna solución convence a todas las partes y los sindicatos se debaten entre apoyar las reivindicaciones de los que piden tener las mismas ventajas que los funcionarios, y los funcionarios en sí (y los que optan a serlo), que ven injusto que a unos se les pida una oposición y otros consigan un puesto «de por vida» sin habérselo ganado.

Ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no logró despejar las incógnitas y se limitó a anunciar que el Gobierno valenciano estudia una fórmula uniforme para resolver la situación del «personal a extinguir» que pasa a la Generalitat desde un servicio privatizado. Según dijo, una solución sería combinar la subrogación de los trabajadores por la Generalitat con una posterior oposición.

Sin embargo, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) tiene dudas respecto a las decisiones que está tomando la Generalitat en este sentido y aclara que el «personal laboral fijo» procedente de una subrogación (el considerado como «personal a extinguir») no puede verse afectado en su plaza (puede perpetuarse en su puesto hasta la jubilación o fallecimiento), mientras que el funcionario interino (empleado público) sí puede ver cómo su plaza es objeto de convocatoria pública (es decir, si no aprueba las oposiciones puede perder su empleo). Esto, a juicio, del CJC puede considerarse una vulneración de los principios constitucionales de mérito, igualdad, publicidad y capacidad, apuntan.

Y en medio de este conflicto jurídico, la Generalitat ya ha desembolsado 450.000 euros en indemnizaciones desde que el pasado 1 de abril la gestión del hospital de Alzira pasara a manos públicas. Una cifra destinada a pagar los despidos de los 14 directivos y mandos intermedios del centro hospitalario que fulminó Sanidad el primer día de la reversión.

450.000 euros y sin paga extra

Según fuentes cercanas a Ribera Salud (empresa que fue concesionaria del hospital durante casi dos décadas), todos los despedidos han denunciado despido improcedente. El primero de los fallos judiciales al respecto obligó a Sanidad a readmitir a la trabajadora con las mismas condiciones laborales, si bien su puesto de trabajo se ha visto alterado, y en la actualidad presta unas funciones en el hospital distintas a las que prestaba cuando fue despedida.

Además, según denuncian, muchos profesionales no están cobrando la nómina correctamente. Aunque se han subsanado algunos de los errores técnicos iniciales, los médicos siguen sin cobrar los incentivos por objetivos, según el modelo retributivo que tenía Ribera Salud y que la Conselleria ha tenido que asumir al estar vigente el convenio colectivo hasta diciembre de 2018.

Asimismo, aseguran que todavía no han cobrado parte de la paga extra de verano, aunque la Generalitat prometió que lo cobrarán el próximo mes de diciembre.

Preguntada por estos asuntos, la Conselleria de Sanidad no respondió a LA RAZÓN.