Carmena contrata a dedo a tres altos cargos para la funeraria municipal

CC OO denuncia falta de transparencia y de proceso de selección en los contratos del nuevo gerente y dos directores, que cobarán de 50.000 a 70.000 euros brutos.

No hace ni dos meses desde que el Ayuntamiento de Madrid se hiciera con el 100% de la propiedad de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) y ya ha saltado el primer conflicto con los trabajadores. CC OO, sindicato mayoritario en el comité de la recientemente constituida empresa municipal, denunció ayer que el Gobierno de Manuela Carmena ha colocado a dedo a tres altos cargos en el consejo de administración de la funeraria municipal.

Las quejas de los trabajadores surgen por distintos motivos. En primer lugar critican una «falta absoluta de transparencia, que hasta ahora no existía». Según el portavoz del sindicato, Manuel Rodríguez, la empresa que ahora depende directamente del Gobierno municipal no les ha informado de las contrataciones y, cuando se han enterado y se les ha pedido información relacionada con las condiciones de los polémicos contratos, los responsables municipales se la han negado. Únicamente conocen que los nuevos cargos ejecutivos no han pasado ningún proceso de selección y que se trata de un gerente, un secretario general y un asesor jurídico –con categoría de jefe de departamento–. El contrato de este último sería, según este sindicato, de carácter indefinido –«algo que no se hace en esta empresa desde hace años», se quejan– y cobrará 50.000 euros brutos; un sueldo que en el caso del gerente se elevaría a más de 70.000 euros brutos anuales.

Los trabajadores apuntan que estas contrataciones llegan, además, en un momento especialmente complicado en el que la plantilla se ha visto duramete reducida.

Según este sindicato, 18 trabajadores se han ido a la calle en estos dos meses por finalización de sus contratos temporales; sólo a siete de ellos, explica Manuel Rodríguez, se les ha hecho nuevos contratos y todos son temporales. Esto, además, ha sido después de acumular tareas durante seis meses consecutivos, a pesar de que algunos de ellos llevaban más de ocho años en la empresa enlazando contratos a tiempo parcial.

«Llevamos denunciado desde hace tiempo la necesidad de regular la contratación y alcanzar un acuerdo para que más del 10 por ciento de la plantilla que en la actualidad es temporal pueda ir adquiriendo estabilidad en sus puestos de trabajo», explica. Sin embargo, desde que la funeraria es 100% municipal, los sindicatos han pasado a un segundo plano. «Ellos hablan con sus amigos, pero no nos explican las cosas a los representantes que los trabajadores han elegido», se queja Rodríguez. En este tiempo, sólo han sido convocados a una reunión nada más municipalizarse la empresa en la que «básicamente se presentaron y nos prometieron que entraríamos en el nuevo consejo de administración al igual que los diferentes grupos con representación en el Pleno municipal». Sin embargo, desde CC OO aseguran que nunca se les ha convocado al consejo de administración y se han suprimido las reuniones entre el comité y la empresa: «El Gobierno municipal actúa con total arbitrariedad a la hora de contratar al personal, con nula participación de la representación de los trabajadores y demostrando absoluto desprecio al convenio colectivo en vigor».

La municipalización de la Empresa de Servicios Funerarios comenzó a funcionar con capital íntegramente municipal el pasado 16 de septiembre, después de que a Funespaña, la sociedad que hasta entonces gestionaba los 16 cementerios madrileños, se le acabara el contrato de cesión. Desde su inicio comenzó con polémica. Esta municipalización, que el Gobierno de Carmena quiere extender a otros servicios municipales, ya comenzó con polémica. Dependiente del área de Salud, Seguridad y Emergencias, que dirige Javier Barbero y de Economía y Hacienda, que lidera Sánchez Mato, la empresa municipal necesita una inyección de al menos 24 millones de euros para poder «adecentar» los 14 cementerios, los dos tanatorios y los dos crematorios que a partir de ahora gestiona de forma directa. Después de las dos primeras reuniones, el PP abandonó el consejo de administración tras calificar dichos encuentros de «paripé». Entonces, la concejala popular Inmaculada Sanz denunció que estos encuentros «no servían absolutamente para nada», por lo que renunció a su cargo de consejera.

Sólo un par de semanas después de la salida del PP del consejo de administración, CC OO ya denunció que el Gobierno municipal «no había desarrollado un plan de gestión ni ha introducido los cambios necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa y, por tanto, la estabilidad laboral de los más de 500 trabajadores de la misma». En concreto, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) la forman los 529 trabajadores de Funespaña que fueron subrrogados y repartidos entre cementerios (144), servicios funerarios (115) y servicios de carácter transversal (270). En aquel momento, este sindicato –mayoritario en el comité de empresa– ya apuntó la «falta de transparencia en la toma de decisiones de la que ha hecho gala el equipo de Gobierno desde el inicio del proceso» y que a día de hoy no ha cambiado, tal y como siguen denunciando.