La Comunidad de Madrid acata el fallo

La Comunidad de Madrid ha dicho hoy que acata la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago de un euro por receta que aprobó el Gobierno regional hace dos años y que estuvo vigente apenas un mes, en enero de 2013.

Así lo han dicho a Efe fuentes del Ejecutivo regional, que no han querido hacer más comentarios y se han limitado a decir que acatan el fallo.

El alto tribunal ha considerado hoy inconstitucional el pago de un euro por receta en la Comunidad de Madrid porque dicha medida vulnera las competencias estatales en materia de sanidad.

Se remite el Constitucional a otra sentencia en la que también anulaba esta misma medida en Cataluña, entendiendo que el pago de un euro por receta resultó "gravoso"para los ciudadanos, que se vieron obligados a pagar esa tasa para adquirir medicamentos con recetas.

Tanto en Cataluña como en Madrid la medida fue suspendida de forma cautelar por el tribunal a pocos meses de ponerse en vigor.

La Comunidad de Madrid aprobó en octubre de 2012 la puesta en marcha de esta tasa con el objetivo de reducir el gasto farmacéutico y después de que unos meses antes lo hubiera aprobado Cataluña.

No entró en vigor hasta el 1 de enero de 2013 y unos días más tarde, el 11 de enero, el Gobierno central recurrió la medida ante el Constitucional por considerar que gravaba la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una determinada comunidad autónoma y vulneraba la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.

Tras el recurso del Gobierno central, el 29 de enero el Constitucional decidió suspender la tasa en Madrid, y el 6 de junio el mismo Tribunal decidió mantener la suspensión cautelar del pago.

Hace unos días, el 7 de mayo de 2014, y después de conocerse el fallo del Constitucional sobre el euro por receta en Cataluña, el consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, dijo que un fallo igual para Madrid no era algo que preocupara o inquietara al Ejecutivo regional, y apuntó que si el fallo conllevaba la devolución de las cantidades pagadas por los ciudadanos, el Gobierno cumpliría la sentencia tal y como ordenara el tribunal.