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Un informe avala proteger los archivos de Aleixandre

Patrimonio espera que el legado –unos 3.000 bienes– pase a ser un «bien colectivo». Su dueña podría venderlo, pero no fuera de España.

El escritor sevillano, destacado miembro de la Generación del 27, falleció en Madrid en diciembre de 1984
El escritor sevillano, destacado miembro de la Generación del 27, falleció en Madrid en diciembre de 1984larazon

Patrimonio espera que el legado –unos 3.000 bienes– pase a ser un «bien colectivo». Su dueña podría venderlo, pero no fuera de España.

La consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el archivo de Vicente Aleixandre, una biblioteca formada por 3.000 ejemplares, manuscritos, correspondencia epistolar y otros objetos privados de nuestro Premio Nobel, va dejando de ser un proyecto para convertirse en una realidad protegida de acuerdo a la ley. La Subdirección General de Archivos, adscrita a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, ha elaborado un informe que manifiesta el valor histórico del archivo y, por tanto, que constituye un bien integrante del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Así lo manifiesta a LA RAZÓN Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio Cultural, que considera que, con este paso, se inicia ya el camino a que este archivo goce de la protección que concede la catalogación BIC.

Hay que recordar que este archivo pertenece desde 1984, año en el que fallece el poeta, al escritor Carlos Bousoño y a su esposa Ruth Crespo, amigos de Aleixandre. Cuando en 2007 aparecieron noticias sobre una posible venta de los bienes a la Junta de Andalucía, Amaya Aleixandre, sobrina del poeta, reclamó el archivo del escritor. Aquella disputa derivó en varios juicios hasta que, hace ahora cinco años, el Supremo confirmó que el matrimonio era el propietario legítimo. Bousoño falleció en 2015, lo que convierte a Ruth Crespo en la única propietaria a día de hoy.

Según varios artículos periodísticos, las cartas, en su mayoría, son posteriores a 1939 y podría haber fragmentos del puño y letra de Azorín, Pío Baroja, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Max Aub... Se estima que el conjunto podría estar valorado en cinco millones de euros, que es el precio que habría pagado la junta andaluza.

Ahora, con el informe realizado, ya en poder de la Subdirección General de Protección y Conservación, la Comunidad de Madrid cuenta con legitimidad para poder revisar el legado del escritor. Y es que, como explica Sobrini, los técnicos todavía no han podido tener acceso a esos libros, cartas y manuscritos que conforman el archivo. Así, el informe se ha basado principalmente en los autos judiciales que ha habido al respecto, así como en los artículos publicados en la prensa. «En el mismo momento en que un bien está declarado como integrante del Patrimonio, la Comunidad tiene derecho a verlo. Lo que queremos ahora es que los técnicos puedan personarse y llevar a cabo un estudio y trabajo rigurosos», afirma. Por ello, desde el Gobierno regional esperan que Ruth Crespo preste su colaboración para que el procedimiento, la incoación del expediente y la futura declaración BIC sigan su curso correcto. Así, Patrimonio lleva «dos años trabajando» en este tema.

Un «bien colectivo»

Hay que reseñar, como explica Sobrini, que esta protección especial del archivo de Aleixandre no implicaría un cambio en la titularidad, por lo que Crespo seguiría siendo su propietaria. Con todo, de confirmarse como BIC, este legado pasaría a ser «un bien colectivo y formaría parte de la riqueza cultural de los madrileños». Así, entre otras novedades, los bienes del archivo deberían ser accesibles una serie de días mensuales a historiadores o doctorandos.

Del mismo modo, su hipotética venta estaría condicionada. Una posibilidad que Crespo no cerraba en su día. Paloma Sobrini afirma que su declaración BIC no impediría a la dueña ponerlo a la venta. Sin embargo, «en el momento en se inicia el expediente, no podría sacarse de España. Y tampoco se podría fraccionar. Cuando se inicia este procedimiento, el conjunto adquiere una serie de derechos jurídicos».