Política

Víctimas del Terrorismo

Una ley «retroactiva e integral» para las víctimas del terrorismo

Las ayudas serán para aquellos afectados por atentados desde 1960. No será obligatorio estar empadronado.

Ángeles Pedraza, ex presidenta de la AVT
Ángeles Pedraza, ex presidenta de la AVTlarazon

Las ayudas serán para aquellos afectados por atentados desde 1960. No será obligatorio estar empadronado.

Se culmina una de las peticiones históricas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT): una Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de carácter regional en nuestra Comunidad. Como explica a LA RAZÓN Ángeles Pedraza, comisionada de las víctimas en Madrid, se trataba «de una petición que la anterior presidenta, Cristina Cifuentes, incluyó en su programa electoral. Había alrededor de diez comunidades que ya contaban con una legislación al respecto o que estaban trabajando en ella. Y Madrid, una de las regiones más afectadas, debía contar con su propia ley».

Para el vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, esta ley convierte a la región «en un referente y modelo de solidaridad y justicia, valores muy arraigados» en la sociedad madrileña». El texto, que nace con carácter integral –contempla ayudas sociales además de las económicas– y retroactivo –se pueden acoger a él todos aquellos que sufrieron acciones terroristas desde 1960– se aprobó ayer en la Asamblea con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PSOE y con la abstención de Podemos.

Uno de los puntos clave se centró en definir quiénes serán los beneficiarios de las ayudas. Finalmente, no será necesario estar empadronado actualmente en la Comunidad. Eso sí, las víctimas deberán acreditar haberlo estado con anterioridad dos terceras partes de su vida–.

Respecto a la cuantía de las ayudas –derecho a indemnización por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas dentro o fuera de España– será de un 30% equivalente a las que ya concede el Estado en el mismo supuesto. Como explica Pedraza, esa cantidad suplementaria que abonará la Comunidad se concederá finalmente en un plazo de cuatro años, y no ocho, como se apuntó con anterioridad.

Además, la ley contempla ayudas con un límite de 45.000 euros por siniestro para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual. Asimismo, la Comunidad de compromete a facilitar un alojamiento provisional mientras dure la reparación. En caso de que el resultado del atentado sea siniestro total, se produciría un cambio de vivienda con una cantidad que oscilará entre el 80% y el 100% del valor de la vivienda afectada.

Por último, se garantiza la asistencia sanitaria y psicológica gratuita tanto a víctimas como a personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia. Los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria con problemas de aprendizaje derivados de un atentado, recibirán asistencia psicopedagógica.