Madrid: los barrios de renta baja donde la educación concertada es mayoritaria

La «ley Celaá» ha situado en su punto de mira a la educación concertada. Un modelo educativo que perderá progresivamente plazas a favor de la educación pública y que amenaza poco a poco con extinguirse. Entre sus argumentos, el Gobierno central, sustentado por PSOE y Unidas Podemos, cree que la concertada supone un modelo insolidario y que segrega por motivos socioeconómicos. Frente a esta iniciativa, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, no solo ha anunciado su intención de defender este tipo de educación; también asegura que estamos ante falsos «clichés» que deben ser desmontados. «La Comunidad de Madrid va a estar siempre al lado de la educación concertada y Madrid siempre va a defender la libertad sobre la que se fundamenta la mejora del sistema educativo», afirmaba la presidenta esta semana.

Para ello, el Ejecutivo regional recuerda, en primer lugar, que la educación concertada cuenta con un gran respaldo en la Comunidad, y especialmente en su principal núcleo de población, la capital. Así, de los 347.435 alumnos que cursaban estudios en centros sostenidos de la capital con fondos públicos durante el curso 2019/2020, 204.145, es decir, el 58,75%, lo hacían en centros concertados. Mientras, los 143.290 restantes (el 41,25%), lo hacían en centros públicos. En resumen, en el anterior curso, 14 de los 21 distritos de Madrid optaban preferentemente por la concertada antes que por la pública.

Podría pensarse que estamos hablando de los distritos con mayor poder adquisitivo. No necesariamente. El Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ARDH), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene en cuenta los indicadores de renta media y su distribución por municipios, señalando los distritos con menor poder adquisitivo. Se da la circunstancia de que, en varios de ellos, la opción de la concertada se sitúa por encima de la pública. Es el caso de Carabanchel (59,77% de concertada frente a la 40,22% de la pública), Latina (60,12%, ante 39,87%), Moratalaz (52,08%, por 47,92%), Puente de Vallecas (55,87% frente a 44,13%) y Usera (56,36% ante 43,64%).

A estos barrios habría que sumar nueve más: Chamartín (81,13% de educación concertada), Chamberí (75,77%), Ciudad Lineal (74,48%), Fuencarral El Pardo (56,80%), Hortaleza (57,03%), Moncloa Aravaca (69,38%), Retiro (71,70%), Salamanca (84,93%, el más numeroso) y Tetuán (63,06%)

Por contra, optan en mayor medida por la pública en siete distritos: Arganzuela (59,42%), Barajas (54,84%), Centro (51,63%), San Blas (51,08%), Villaverde (65,90), Vicálvaro (65,05%) y Villa de Vallecas (51,49%).

La Comisión de Educación del Congreso aprobó el viernes pasado su dictamen de la Lomloe, o «ley Celaá», que incorpora cambios al texto inicial a través de enmiendas no solo sobre los centros concertados; también sobre el uso del castellano como lengua vehicular en la educación.

El texto, que deroga la vigente Lomce, y que este próximo jueves pasará por el pleno del Congreso, aún podría sufrir cambios, ya que se mantienen varias enmiendas. En todo caso, todos los grupos lo apoyan con las excepciones de PP, Cs, Vox y UPN. Los tres primeros ya han anunciado que llevarán la ley al Constitucional por el apartado sobre el castellano y por atacar la libertad de las familias para elegir un centro concertado.

Precisamente ayer, Isabel Díaz Ayuso participó, junto al consejero de Educación, Enrique Ossorio, en una recogida de firmas del PP del distrito de Salamanca. Se trata de una campaña iniciada por el partido en sus sedes para mostrar su rechazo a la futura ley educativa.

«Queremos recoger firmas en contra de la ley Celaá. Una ley con la que estamos absolutamente en contra. No solo merma la calidad de la enseñanza, sino que priva a los estudiantes del derecho constitucional a aprender el español en su tierra, en España, y cercena poco a poco la libertad de las familias para elegir la educación concertada y especial, que es el objetivo de la izquierda», explicó la presidenta regional.

Además, añadió, se trata de una ley que se produce en un momento «muy difícil» y además «sin consenso ninguno» en la comunidad educativa ni entre las fuerzas políticas. «Ahora que los españoles están sumidos en otra clase de problemas como la economía o la crisis sanitaria, es aberrante que impongan por la espalda una ley que, sobre todo, priva del derecho constitucional a aprender español en tu tierra, que es España», insistió.