Madrid se rebela contra el acuerdo del Gobierno con ERC para subir impuestos y amenaza con ir al TC

Madrid no quiere que la subida de impuestos en la Comunidad de Madrid dependa de una “comisión bilateral” entre Gobierno y ERC. Cree que es una “invasión desleal de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid” que “Impone subidas de impuestos sin nuestro consentimiento”. Es por esto por lo que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para transmitirle el malestar que se ha generado en la Comunidad.

Así considera que la comisión “no sólo es un desprecio flagrante hacia los madrileños, sino que no tiene precedentes ni, desde luego, cabida en el orden constitucional”. Lasquetty ha avisado a la ministra de que si sigue por esa vía, la Comunidad de Madrid presentará un requerimiento de incompetencia y, si fuera necesario, un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. “No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Comunidad de Madrid”.

El consejero cree que el acuerdo del Gobierno con ERC sobre la armonización fiscal va en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que da a las comunidades la competencia de gestionar determinados tributos y de la Constitución. “Lo que ustedes han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños conforme a las disposiciones legales presentadas en la Asamblea de Madrid y aprobadas en ésta”.

Del mismo modo, también ha rechazado que pudiera existir “dumping fiscal”. “No puede existir, como tampoco competencia desleal cuando las reglas del juego son idénticas para todos”.

Así, Lasquetty ha pedido “respeto a la constitución, a las leyes vigentes y a la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid” porque, en caso contrario, ya ha avisado de que “nos opondermos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance a sabiendas de que la medidas es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no solo a los madrileños, sino al conjunto de la nación”, dice la misiva.