En una semana clave en la que los grupos de la izquierda han convocado una movilización masiva en Sol, el próximo día 16, en contra de la derogación de las leyes Lgtbi y Trans o cualquier modificación que consideran un retroceso en derechos, PP y Vox no logran encontrarse en lo que a este asunto concierne.

La Asamblea de Madrid debate este jueves si se tramita en la Cámara la ley de Igualdad de Vox, la alternativa que este grupo ha elaborado a las «aberraciones» de las leyes lgtbi vigentes desde 2016 que los de Monasterio quieren que desaparezcan. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dejado claro de forma tajante que no va a derogar estas normas de su antecesora Cristina Cifuentes, pero sí está dispuesta a modificar algunos puntos dudosos jurídicamente.

Pero, al menos, ¿apoyarán los populares el próximo jueves con su voto que la ley que propone Vox al menos tenga una tramitación parlamentaria y pueda enmendarse con las aportaciones de los grupos políticos? El PP ayer no despejó la incógnita con su silencio, pero lo cierto es que la negociación sobre las leyes lgtbi entre el consejero de Justicia, Enrique López, y Rocío Monasterio no avanza. De hecho, desde Vox ayer admitieron haber recibido una propuesta de cambio de las leyes que ha sido rechazada por Monasterio, a su juicio, no solo no mejora la norma, sino que la empeora y crea mayor inseguridad jurídica. Vox cree que su proyecto de ley ofrece una cobertura amplia a todos los colectivos contra la discriminación, pero le chirrían muchos aspectos de las leyes vigentes, un «calco», desde su punto de vista, de la ley trans de Irene Montero, a la que Pablo Casado no podrá hacer oposición en el Congreso por su gran parecido con las leyes madrileñas vigentes. Partiendo de esta idea, Monasterio cree que no apoyar su ley «retrataría al PP» en esta batalla ideológica.

Salga o no adelante el jueves la tramitación de su ley, Vox seguirá apoyando los Presupuestos para 2022. Eso sí, «perdonaría», pero no olvidaría de cara a apoyar otras iniciativas o Cuentas futuras.

Los aspectos que más chirrían a Vox sobre las leyes vigentes tienen que ver con que no se contemple la presunción de inocencia cuando una persona es acusada de discriminar a otra, lo que considera «una aberración», o que se puedan generar situaciones de inseguridad jurídica como que un violador se autodetermine mujer y pueda ir a una cárcel de mujeres. Muy cuestionable considera también que una promoción de 26.000 viviendas estén paradas en Boadilla porque no tengan un informe de impacto de género (artículo 45 de la ley 2/2016), al que obligan las leyes, un requisito que también deberá cumplir el soterramiento de la M-30 y sobre lo que Vox se echa las manos a la cabeza cuando son estudios que cuestan un promedio de 50.000 euros.

También rechaza que estas leyes contemplen un plan de hormonado a muy baja edad o que en los colegios pueda entrar cualquier persona «que con apuntarse tres sábados a un curso ya son profesores que juegan con los niños a cambiar de identidad sexual».