La actividad de las mafias del “top manta” se desploma un 70% en Madrid

Un fenómeno delictivo con múltiples aristas. Acabar con la venta ilegal en la capital ha sido objetivo del Ayuntamiento desde el primer momento. Paseos y calles, convertidas en un zoco caótico, para desesperación de los comerciantes que pagan sus impuestos y cumplen las leyes, no podía tener el menor recorrido. El ataque, flagrante y a plena luz del día, contra la propiedad industrial, contra los derechos de los trabajadores o contra la salud pública era constante. De ahí que el Consistorio, por medio de la Policía Municipal, orquestase una lucha contra estas prácticas mafiosas que se plasmó en las 21.386 actuaciones de los agentes llevadas a cabo en 2019. Más de 5.000 intervenciones frente al año anterior, en el que el Consistorio, controlado por Manuela Carmena, fue acusado de falta de respaldo a los comerciantes de la zona centro. Un desamparo que acabó con la llegada de Martínez-Almeida y su equipo gracias a la puesta en práctica de unas políticas de control de las calles y las plazas que impidieron esa venta ambulante. Un comercio ilegal que dejaba desprotegidos a los posibles compradores, que atentaba contra la propiedad intelectual de los productos que ofrecía y provocaba graves daños económicos y competencia desleal y fraudulenta con los negocios de las zonas en las que exponían su mercancía.

Una lucha contra el fraude que no decayó en los peores momentos de la pandemia y el confinamiento, pues en 2020 se intervinieron 5878 productos, y casi 6.000 de enero a noviembre de 2021.

En este sentido, y respecto a los operativos más relevantes llevados a cabo por la Policía Municipal de Madrid, merece reseñar, como apunta la portavoz de la Policía Municipal de Madrid e intendente, Esther de Gregorio, la denominada “Operación Arias”, en 2019, en la que se desarticularon dos pisos en la calle Abades de Madrid, donde un ciudadano de origen senegalés almacenaba decenas de miles de textiles y bolsos, como pieza clave en la logística de distribución de toda esta mercancía fraudulenta por Madrid.

O la llamada “Operación Abies”, en diciembre de 2020, en la que la Policía se incautó de más de cuatro millones de juguetes falsificados y sin garantías de seguridad o sanitarias, además de mascarillas, destinado todo al consumo minorista y con el consiguiente riesgo para la salud. Algo que se ha vuelto a repetir en la “Operación Intruso”. Ésta ha tenido lugar hace bien poco, entre los días 13 y 16 de diciembre pasado, cuando se intervinieron casi medio millón de productos -alimentos, electrodomésticos de estética, mascarillas, juguetes y medicamentos– y se practicaron 22 arrestos además de ocho investigados no detenidos. Entre los alimentos intervenidos se encuentran algo más de 400.000 productos perecederos destinados a fiestas infantiles que se encontraban caducados o sin ser sometidos a control sanitario. Además, se retiraron de la venta más de 21.000 muñecos y juguetes por proceder de posibles delitos contra la propiedad industrial o por presentar deficiencias en el etiquetado

Todo ello, durante todos estos años, en un intento, con éxito, de acabar con la estrategia de estos grupos mafiosos. Así es su estructura organizativa, tipo tela de araña, en la que los productos se introducían en España por diferentes medios de manera fraccionada y por piezas, realizándose el montaje final y, en su caso el embalaje, en naves de las afueras de Madrid, desde donde se producía la distribución a vendedores de toda la geografía española. Unos vendedores que se veían obligados a trabajar en jornadas maratonianas por una escasa ganancia y que estaban expuestos a su expulsión del territorio nacional al carecer, muchos de ellos, de documentación.

Buena prueba también de esas prácticas mafiosas, como en tantas ocasiones ha denunciado la Policía Municipal de Madrid, es que el producto, como decíamos, se importaba desmontado, pero también en distintos envíos distanciados en tiempo y empleando diferentes puertos y aeropuertos como medida de seguridad para dificultar la detección de la mercancías prohibidas por parte de autoridades aduaneras.

Una vez en España, la red contaba con un sistema logístico de gran envergadura para gestionar el almacenamiento, la preparación del producto final y distribución a vendedores, que disponía además con varios operarios encargados de la custodia, montaje y almacenamiento de los productos. Sin olvidar el control que los jefes ejercían sobre los vendedores y la exigencia de resultados y ventas a éstos.

Ahora que se ha acabado la campaña navideña en nuestra ciudad cabe recordar la gran labor desarrollada por la Policía Municipal en su lucha contra estas mafias. Unas organizaciones delictivas que, como apuntaba la intendente Esther de Gregorio a LA RAZÓN, «desprecian a los autores intelectuales de los productos que copian, o atentan, sin escrúpulos, contra la salud de los consumidores, llevados solamente por su interés de ganancia». Un desprecio que se hace extensivo a los niños, destinatarios de ese millón de juguetes falsificados, «sacados» del mercado ilegal en una de las últimas operaciones policiales, así como las mascarillas, que constituyen una protección esencial para toda la población frente al Covid-19, especialmente a los más vulnerables.