Sol contra la norma que espanta a los Centros de Procesamiento de de Datos

Otro frente se abre entre el Gobierno central y el regional, esta vez en materia energética y medioamniente. La Comunidad de Madrid presentaba ayer alegaciones al proyecto de Real Decreto estatal por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs). Con esta iniciativa, remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ejecutivo autonómico pretende evitar «una posible sobrerregulación que afecte a la competitividad del sector en la región con respecto a otras zonas europeas». Madrid se sitúa a la cabeza del ranking nacional, con un total de 46 infraestructuras (35 en funcionamiento y 11 en construcción) y el 54,8% del total de la capacidad instalada en España, muy por delante de Aragón (30%) y Cataluña (12%). Por ello, tras un análisis del texto propuesto realizado por la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, han considerado alertar de los riesgos que puede suponer para el futuro de esta industria estratégica la entrada en vigor del mencionado nuevo marco normativo.

Tal y como ellos mismos indican tras las observaciones remitidas, el proyecto de Real Decreto iría más allá de lo exigido por la Unión Europea, ampliando la lista de indicadores obligatorios a cuestiones socioeconómicas, territoriales o de tráfico de datos, «que nada tienen que ver con la eficiencia energética». Uno de los puntos más controvertidos está en el artículo 7, que condiciona el acceso y conexión de los CPD a la red eléctrica al cumplimiento previo de unos compromisos ambientales, «que no existen en ningún otro país de la UE». Estos requisitos, que para el Ejecutivo autonómico son desproporcionados, situarían a la Comunidad de Madrid –y a toda España– , «en clara desventaja frente a otros destinos europeos más ágiles y con menos imposiciones burocráticas». Asimismo, la disposición transitoria única extendería estas exigencias a proyectos ya en tramitación, lo que «podría vulnerar la Constitución en materia de retroactividad y seguridad jurídica».

La Comunidad de Madrid defiende que la eficiencia energética debe seguir siendo un eje prioritario, pero «no con normas que ahuyenten proyectos y frenen la inversión e innovación». En este sentido, el sector de los centros de procesamiento de datos es fundamental no solo para la economía digital, sino también para la transición energética, ya que «aporta flexibilidad a la red y puede integrarse con renovables y almacenamiento». Según estimaciones de esta industria estratégica, España podría atraer más de 58.000 millones de euros de inversión hasta 2030, de los cuales, una parte muy significativa se concentraría en la Comunidad de Madrid. Así, desde Sol aseguran que una regulación excesivamente rígida podría reducir esa cifra «a apenas 12.500 millones, con un fuerte impacto negativo en el empleo, la innovación y el liderazgo tecnológico de todo el país».