¿Cómo afectará la Ley de Vivienda a Madrid?

La Comunidad de Madrid tratará de «blindarse» ante la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el último Consejo de Ministros. Un texto que, de primeras, ha sido cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerar que invade las competencias en la materia que tienen las comunidades autónomas y que, por tanto, tiene difícil «encaje constitucional».

Este será uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Díaz Ayuso, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la normativa. Con todo, no se trata solo de una cuestión competencial: desde el Ejecutivo regional se recuerdan las consecuencias que puede tener una legislación «intervencionista» en el mercado. Sobre todo por dos cuestiones clave en el texto del Gobierno: controlar los precios del alquiler y el castigo impositivo a aquellos dueños de pisos vacíos.

«Lo mas grave es que es una ley que no respeta la propiedad privada», afirma a LA RAZÓN Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid. «El hecho de subir los impuestos por una vivienda vacía supone un abuso sobre el propietario. Se intenta imponer un modelo a las comunidades autónomas», añade. De hecho, recuerda el caso de otras regiones en las que se han aplicado legislaciones de vivienda intervencionistas. Concretamente en Cataluña. En septiembre de 2020, la Generalitat implantó una ley con medidas similares a las del proyecto de Sánchez. ¿El resultado? «Un fracaso: una subida del 3,2% en el precio de los alquileres de Barcelona al cierre de 2021».

Por contra, recuerda Martín, en Madrid capital los precios se redujeron un 2,7%. «Cuando se incentiva la oferta, los precios se contienen. Todas aquellas medidas que intervienen en el mercado conducen a un incremento de los precios. Una familia se lo pensará dos veces antes de dejar su vivienda vacía, debido a que le subirán los impuestos, o ponerla en alquiler, ya que los precios estarán limitados», señala. En resumen, se generan «miedos a las familias para no invertir en inmuebles, ahuyentando la inversión.

De 30.000 a 300 euros

En lo que respecta al conjunto de la Comunidad de Madrid, los precios del alquiler se redujeron un 0,1% el pasado año. En ese sentido, la consejera recuerda algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Díaz Ayuso. Entre ellas, una serie de «bonificaciones muy potentes en el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha provocado que, mientras en algunas comunidades se abona una cuota de 30.000 euros, en Madrid sea solo de 300». De hecho, la «armonización» que pretende el Gobierno central en este impuesto podría suponer un aumento del mismo superior a los 3.000 millones en un año en todo el país.

Ante esta situación, la intención del Gobierno regional es seguir «incentivando» la oferta con «más pisos en el mercado». «Para desarrollar este modelo, nuestros planes son muy claros: viviendas en suelo público con un precio de alquiler un 40% más bajo que el del mercado; seguir ampliando el parque de vivienda social, con más de 1.700 en construcción; poner a la venta 135 parcelas de suelo residencial...», enumera.

Otro de los puntos criticados es el referido al Bono del Alquiler. Para Paloma Martín, ha habido una «falta de transparencia» por parte del Ejecutivo, debido a que en ningún momento ha compartido información sobre su gestión ni su aplicación con las comunidades autónomas. Del mismo modo, la consejera señaló lo fallidas que resultaron medidas de carácter similar, como la Renta Básica de Emancipación impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en enero de 2008: el precio medio del metro cuadrado aumentó un 8% en la región, mientras que en el acumulado del primer trimestre fue del 10,2%.