Bachillerato: los expertos, divididos sobre el recurso de Ayuso al TS

El camino judicial emprendido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la «ley Celaá» llevando al Tribunal Supremo el currículo de Bachillerato elaborado por el Ministerio de Educación y FP tiene un final incierto. De momento, se ha presentado un recurso de interposición, el paso previo, en el que pide la suspensión cautelar del currículo de esta etapa educativa que conduce a la universidad para que se pueda empezar el nuevo curso con los libros del año pasado. La respuesta se espera antes del mes de septiembre, pero hay división de opiniones entre los expertos sobre la posibilidad de que prospere el intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid por frenar la aplicación de la «ley Celáa» por la vía judicial con unoslibros «cargados de ideología» y con «falta de contenidos básicos».

Ibor Fernandes Romero, doctor en Derecho Constitucional y profesor del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, es de los que opina que el recurso de la Comunidad de Madrid tiene posibilidades de prosperar. Es más, considera que el recurso «está bien orientado y es necesario que alguien ponga freno a lo que se está haciendo con la educación». En su opinión, el decreto con el que el Gobierno central regula el Bachillerato «tiene elementos que van en contra de lo previsto en la ley orgánica. Hay contradicciones. Un real decreto no puede descafeinar una norma con rango de ley ni cargarse el sistema educativo».

Fernandes cree que es correcto el argumento que da la Comunidad de Madrid en la medida en que se vulneran al menos cinco artículos de la Ley Orgánica de Educación. Entre ellos que vaya «en contra de la calidad educativa» para todo el alumnado sin que tenga en cuenta circunstancias personales o sociales, lo que suponer ir contra el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. O que «no se garantiza la equidad o la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación o la inclusión educativa, ni sirve para superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación», según argumento de la Comunidad.

Esfuerzo personal

También apoya el argumento esgrimido por el Gobierno de Díaz Ayuso cuando denuncia que el decreto de Bachillerato del Gobierno central es contrario a otros artículos de la LOE que establece como fines del sistema educativo el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos; la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal y el desarrollo de la capacidad de los alumnos en la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.

Cree que los argumentos que plantea la Comunidad reúnen los requisitos que debe tener para que salga adelante el decreto: «que exista apariencia de buen derecho y que exista un daño que puede afectar a mucha gente (periculum in mora)».

Un argumento similar es el que expone el consejero de Justicia e Interior, además de magistrado Enrique López, quien considera que el texto legal «excede de la normativa básica del Estado en la materia limitando competencias de las comunidades autónomas por contrariar a los principios establecidos en la ley orgánica de educación de 2006, especialmente en lo relacionado con el pluralismo político la igualdad y el respeto a la libertad ideológica».

Sin embargo, más dudas ofrece la cuestión a Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, quien considera que «lo complicado será ahora identificar porqué esos decretos vulneran lo previsto en la Ley Orgánica, es decir, qué contenidos concretos son los que vulneran la ley y, en su caso la Constitución». De ahí que vea «complicado» que el recurso pueda prosperar.

El caso madrileño recuerda a lo ocurrido con los Gobiernos autónomos de Andalucía, Cataluña y País Vasco, que intentaron pedir medidas cautelares para paralizar la «ley wert» en 2014 y de esta forma evitar que entrara en vigor en el siguiente curso académico. Entonces los Ejecutivos autonómicos argumentaban falta de tiempo para poder aprobar los cambios legislativos que se necesitaban para desarrollar la reforma impulsada por el ex ministro José Ignacio Wert. Sin embargo, en ese momento, el Tribunal Supremo rechazó paralizar la polémica ley. Ahora las comunidades autónomas se encuentra en una situación similar, en una carrera contrarreloj para aprobar cuanto antes los decretos que regulan la parte de los contenidos que les corresponde (40%) de tal manera que puedan editarse los libros de texto definitivos.