La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica acusa de «mentir» a la Delegación del Gobierno sobre la concentración que considera «discriminatoria» en los alrededores del Congreso frente a la protesta de una entidad memorialista a la que sí permitió ubicarse ante la Cámara Baja. «Esa diferencia de trato es injustificable, ideológica y discriminatoria, y por lo tanto imputable por un presunto delito de prevaricación», insisten fuentes de la asociación que denunció a Mercedes González, representante del Ejecutivo en Madrid, por este motivo.

El pasado viernes, la Fiscalía de Madrid interpuso un recurso contra la decisión del juez de Instrucción número 24 de la capital de admitir a trámite la querella. En el auto, que se dictó el día 1, el magistrado acordaba citar el 13 de enero a declarar a la delegada en calidad de querellada. Pero el fiscal ha interpuesto un recurso de reforma ante el propio juez y otro subsidiario de apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica adelanta por su parte a este diario que se opondrá al recurso de la Fiscalía en cuanto le den traslado, «porque no ha sido temeraria ni la interposición de la querella ni su admisión a trámite, pues está basada en los expedientes gubernativos e incluso en la resolución del director general de la Policía, que dice que se actuó conforme a las órdenes de la Delegación».

La querella se interpuso debido a que Mercedes González autorizó el pasado julio la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Democrática cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que comunicó su intención de colocarse en el mismo lugar. El representante del Ministerio Público entiende que la querella y los hechos descritos «adolecen de todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para iniciar un proceso penal por un delito de prevaricación».

La demanda fue interpuesta por la Asociación por la Reconciliación a raíz de que les fuera rechazada una solicitud para concentrarse el pasado 13 de julio frente al Congreso. Como contrapartida, asegura la Fiscalía, se le ofreció situarse el mismo día y a la misma hora en la Plaza de las Cortes.

«En ningún caso nos ofrecieron un lugar alternativo, eso no es cierto, pero ya sabemos de quién depende la Fiscalía, como dijo Pedro Sánchez», señalan fuentes de la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica. «Pidiendo lo mismo a nosotros nos enviaron a la esquina y a ellos les dieron todo el escenario para sus fotos, sus pancartas e insultos al Tribunal Supremo», concluyen.