Las sanciones a los VTC en Madrid, en el aire por la «revancha» de Vox

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, está «dolida» por el «ataque frontal» que considera que ha recibido de los populares por no admitir las enmiendas que presentó fuera de plazo a los Presupuestos de 2023 en la Asamblea. Por eso los populares se preparan para recibir la primera bofetada de su «socio preferente» en el pleno de hoy, el último ordinario del año y con un larguísimo orden del día en el que hay varias leyes importantes sobre la mesa. Es más, fuera de micrófono, los populares no ocultan su sospecha de que Vox les pueda hacer «tragar quina» hasta que pase la tormenta de los Presupuestos.

Así las cosas, uno de los asuntos que ayer preocupaba era que no saliera adelante en la sesión de hoy la modificación de la Ley 20/1998 de 27 de noviembre de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, que afecta al reglamento sancionador de los VTC.

La semana pasada, en la Junta de Portavoces de la Cámara, PP y Vox acordaron que el cambio legal se tramitara por lectura única, una vía «exprés» de sacar adelante una modificación sin necesidad de pasar por un trámite parlamentario que se podría prolongar durante varios meses, cuando hay acuerdo entre varios grupos políticos.

Sin embargo, ayer cundió la idea de que Vox ya no estaba dispuesto a alinearse con los populares para apoyar con sus votos esta modificación normativa que, sin embargo, es de vital importancia para un sector tan importante en la Comunidad de Madrid como el de los VTC. Los populares creen que, si se materializa el peor de sus pronósticos, habría que interpretarlo como un gesto de revanchismo del que ha sido socio del Gobierno regional, hasta ahora, en la aprobación de muchas leyes que han recibido luz verde en la Cámara de Vallecas. «Sería un gesto de irresponsabilidad porque nadie entendería que la semana pasada aprobasen el cambio legal por lectura única en la Junta de Portavoces y luego cambiaran de opinión», apunta un diputado del Grupo Popular.

Más allá del alcance político de la votación, a efectos prácticos supondría que el reglamento de los VTC quedaría sin aprobar y sería necesaria una tramitación ordinaria que implicaría al menos tres meses de itinerario por la Cámara hasta que volviera de nuevo a ser sometido a votación.

El inconveniente de esta coyuntura sería que nos colocaríamos ya en el mes de febrero o marzo y puede que acabara la legislatura sin que este cambio normativo pudiera ver la luz ya que, con unas elecciones a menos de cinco meses, la Asamblea se disolvería a finales de marzo o finales de abril. Es decir, 54 días antes de la cita electoral del próximo mes de mayo. Al quedar el reglamento de los VTC en un limbo, no se podrían aplicar aspectos importantes, como son las sanciones en el transporte para este tipo de vehículos que incumplen la ley aprobada por la Comunidad de Madrid. Así, un VTC no podría ser sancionado si capta a clientes que no hayan solicitado sus servicios de transporte a través de la aplicación o en plena calle. Esto se considera una sanción muy grave multada con 6.000 euros, que no se podría aplicar. Tampoco la regulación del régimen tarifario de manera que los precios sean en todo momento razonables y no se disparen en momentos de mayor demanda y haya competencia desleal.

Madrid fue la primera autonomía española en aprobar en junio pasado que los cerca de 8.000 VTC pudieran seguir operando a partir del mes de octubre, cuando concluía el plazo para regular su continuidad, según la «Ley Ábalos».