Admitida a trámite la primera demanda ciudadana para frenar la ley de amnistía

El pasado mes de septiembre, un grupo de letrados sevillanos elaboraba un modelo de demanda contra la amnistía alentando a particulares a presentarla en el juzgado de primera instancia más cercano a su lugar de residencia. La denuncia solicitaba al juez medidas cautelares para evitar que tanto la presidencia como la mesa del Congreso pudiesen "celebrar un pleno para la aprobación de una ley de amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el procés de Cataluña".

Ahora, en plena investidura de Pedro Sánchez, el Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid ha admitido que examinará la solicitud de una medida cautelar presentada por un ciudadano que busca detener el proceso parlamentario de la ley de amnistía en el Congreso. Esta solicitud, que sigue el modelo impulsado por los letrados sevillanos, se enmarca dentro de una demanda dirigida contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja.

Se trata de la primera demanda admitida a trámite de las más de 3.000 interpuestas por ciudadanos españoles. En una diligencia de ordenación que ha sido revelada, el funcionario judicial ha confirmado la competencia de dicho juzgado para abordar la solicitud de medida cautelar y ha fijado la audiencia para el 13 de noviembrea las 10:30 a.m., convocando "a la parte solicitante y a la parte señalada como futura demandada".

La demanda, cuyos detalles han sido reportados por agencias de noticias, argumenta diversas cuestiones, incluida una posible violación del principio de igualdad. Se sostiene que la amnistía propuesta busca beneficiar a ciertas personas a través de un acto político, en lugar de un acto de justicia solicitada o de gracia.

El demandante considera que la futura aprobación de esta amnistía "podría vulnerar"sus derechos y "el principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", tal como se establece en la Constitución.

En este contexto, se subraya que las autoridades no deben tomar "decisiones arbitrarias", particularmente aquellas que violen el principio de igualdad en la aplicación de la ley y las reglas claramente definidas con objetividad.

La demanda también plantea la preocupación de que aprobar esta norma con el fin de no castigar a quienes han cometido delitos contra los ciudadanos españoles equivaldría a "reconocer que los políticos han incurrido en delitos en un sistema no democrático", lo que podría cuestionar la democracia en España y su adhesión a tratados internacionales. Por ende, argumenta que la aprobación de esta ley sería dar un "golpe mortal", socavando la democracia, la Constitución y el principio de separación de poderes.