El alcalde de Navas del Rey, denunciado por «falsedad documental»

El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral (Grupo Independiente de Navas, GI-N), se enfrenta a una denuncia presentada por la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por un presunto delito de falsedad documental al intentar obtener una subvención pública de 500.000 euros destinada a la rehabilitación de viviendas.

El Gobierno regional trasladó el caso a la Justicia tras constatar que el edificio para el que el regidor solicitaba la ayuda no estaba vacío, como aseguraba (requisito imprescindible para acceder al programa), sino habitado por varias familias con contratos de alquiler en vigor.

El inmueble, además, no pertenecía al Ayuntamiento, sino a un particular al que el Consistorio acabó comprando el bloque de seis viviendas para poder acceder a la financiación, ya que era necesario que fuera de titularidad municipal.

Según ha podido saber LA RAZÓN, la Comunidad de Madrid presentó la denuncia el pasado 15 de octubre, después de que la Dirección General de Reequilibrio Territorial comprobara sobre el terreno la existencia de inquilinos en el edificio situado en la calle Alfonso XI, número 21, en pleno casco urbano del municipio. El Ejecutivo autonómico actuó en cumplimiento del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los funcionarios públicos a comunicar al Ministerio Fiscal cualquier indicio de delito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

La línea de ayudas a la que el alcalde pretendía acogerse está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y tiene como objetivo financiar proyectos de rehabilitación que incrementen la oferta de vivienda en régimen de alquiler social o a precio asequible. En el expediente remitido a la Comunidad, el Ayuntamiento de Navas del Rey certificó que las viviendas se encontraban desocupadas y disponibles, requisito indispensable para optar a la subvención. Pero la realidad era otra.

La portavoz del Partido Popular en el municipio, María Isabel Romero Sánchez, explicó a este periódico que «en esas casas viven familias desde hace más de treinta años, con contratos de arrendamiento. No entendemos cómo se puede solicitar una subvención asegurando que está deshabitado», lamentó Romero.

El asunto fue denunciado por el PP ante la Dirección General de Reequilibrio Territorial, que ordenó una inspección urgente para verificar los hechos. Los técnicos desplazados al municipio el 8 de octubre constataron que en el bloque de seis viviendas residían dos familias con niños, una pareja y otra vecina.

El caso tiene su origen en el pleno extraordinario celebrado el 20 de noviembre de 2024, en el que el Ayuntamiento aprobó solicitar la citada subvención y adquirir el edificio por un importe de 144.000 euros. Para ello, el Consistorio pidió un préstamo bancario a largo plazo. La operación salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y con el rechazo del PP y del PSOE.

Pese a que no se podía pedir la ayuda si el edificio estaba habitado, «el proyecto técnico del arquitecto municipal daba a entender que el inmueble estaba vacío», algo que, según la oposición, no se ajusta a la realidad. Es un bloque en el centro del pueblo, con familias de toda la vida», añade Romero. Además, el expediente de compra y solicitud de la ayuda incluía un informe de la secretaria municipal en el que se advertía de que la operación de crédito incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Pese a ello, el pleno dio luz verde a la adquisición.

«Es una metedura de pata»

Por su parte, el alcalde, Jaime Peral, sostiene que la Comunidad «está metiendo gravemente la pata» y lamenta que «ahora que el municipio se había decidido a hacer algo de vivienda social, nos denieguen la subvención».

El regidor asegura que fue la propia Administración regional la que le indicó que, para poder optar a la ayuda, primero debía comprar el inmueble y que «después ellos nos ayudarían a rehabilitarlo». Su plan, afirma, pasaba por no desalojar a los residentes, ya que de las seis viviendas dos están vacías, otras dos ocupadas por personas que apenas acuden al municipio una vez al año y otras dos habitadas por familias de origen marroquí. A estas últimas, añade, pretendía convertirlas en beneficiarias de las viviendas de alquiler social una vez rehabilitadas, «para no dejarlas en la estacada».

La idea del alcalde era alojar temporalmente a estas familias en los dos pisos vacíos mientras se ejecutaban las obras, que se harían por fases. «Está hablado con ellos, no hay falsedad documental y el proyecto está planificado. Esto es un tema político», defiende.

Y concluye molesto que «si no me dan la subvención, venderé el bloque a un fondo privado. Cada uno que se apañe. Mis hijos ya tienen casa...».

Las represalias y el «voy a por ti y a por el PP»

►La edil popular asegura que «los inquilinos continúan pagando sus alquileres al antiguo propietario, que no les ha comunicado oficialmente la venta del inmueble al Ayuntamiento».

La concejala sostiene que su grupo decidió poner los hechos en conocimiento de la Comunidad «por responsabilidad». «Quienes no están de acuerdo con él sufren represalias, incluso familiares de mi equipo», afirma. «Yo llevo en política municipal desde 2007. Fui teniente de alcalde, y cuando volví a la primera línea me advirtió literalmente: “Voy a por ti y a por el PP”», asegura.