Ayuso sale también al rescate de la Universidad Rey Juan Carlos

Las universidades públicas madrileñas atraviesan un bache económico. Hace unos días se supo que la Comunidad de Madrid había aprobado un rescate financiero de 34,5 millones para la Complutense debido a su grave situación económica, causada principalmente por el aumento del gasto de personal desde 2019.

Ahora se ha conocido que la Universidad Rey Juan Carlos, aunque no está en una situación tan desesperada como la UCM, también requerirá ayuda del Gobierno autonómico «por la contratación indiscriminada de profesores». Por este motivo, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha detallado que ya mantiene conversaciones con su nuevo rector, Abraham Duarte, para «ponerme a su lado y buscar soluciones».

Mientras tanto, la Consejería ultima el presupuesto para el curso que viene y la nueva ley de universidades madrileña (LESUC), que establecerá una financiación básica para el funcionamiento ordinario de los centros y otra específica según sus necesidades (por ejemplo, la rehabilitación de edificios históricos). Además, se prevé una financiación por objetivos: ya se ha fijado una cantidad de 10 millones extra cada año que se repartirá entre las universidades si acreditan determinados logros relacionados con su actividad económica o investigadora, aunque aún está por definir cuáles serán esos indicadores.

Viciana ha dejado claro que la financiación de las universidades no quedará fijada por ley (como ocurre con la normativa estatal, que establece destinar el 1 % del PIB), sino que se determinará caso por caso y se concretará de otra forma que aún está por definirse.

Por otra parte, la nueva ley (que se espera entre en la Asamblea a finales de este año y esté aprobada a mediados de 2026) definirá con precisión el Distrito Único de Prácticas, para garantizar que ningún estudiante se quede sin ellas, y será el rector quien determine quién debe ser el gerente de cada universidad.

En cuanto a las sanciones de la futura norma, el último borrador las suaviza y simplifica, y fija un importe máximo de 300.000 euros para las infracciones muy graves que se produzcan en el ámbito universitario y afecten al normal funcionamiento de los campus.

Carta a Pilar Alegría

En el ámbito no universitario, la Consejería ha remitido una carta a la ministra Pilar Alegría para que modifique la normativa y aumente el número de profesores de Matemáticas con soluciones creativas ante la dramática falta de docentes en esta materia. La propuesta de Madrid es que, de manera excepcional, puedan impartir clase sin máster los jubilados o los estudiantes de 3º de Matemáticas e ingenierías.

Mientras, la Consejería ultima el decreto para implantar la jornada partida en los centros que así lo soliciten. Los que mantengan la jornada continua podrán seguir igual, aunque esto podrá cambiar si una mayoría de padres así lo decide, ya que la nueva normativa da más peso a las familias en esta decisión.