Madrid alerta de las consecuencias del Plan del Tajo

Un nuevo frente integrado por las autonomías del PP se abre al Gobierno de España con la política hídrica que está llevando a cabo. Y es que Madrid se ha unido a Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía y han decidido firmar una carta conjunta en la que alertan a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera en al que la alertan de las «graves consecuencias» que tendrá l aplicación del Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales hidrológicos. Las autonomías del PP consideran que el plan de cuenca «invade y se apropia de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del trasvase Tajo-Segura y sus dos trasvases asociados: el Tajo-Segura y el Tajo-Guadiana». Esto consideran que iría en contra de abordar una planificación hidrológica nacional. Ésta «se vería supeditada a las decisiones que se adopten de manera unilateral en cada demarcación, sin la posibilidad de una perspectiva conjunta y de que una autoridad superior, con perspectiva nacional, disponga criterios y condiciones, de obligado cumplimiento, en función del interés general», expone la misiva.

Las autonomías del PP consideran responsable de esta «lamentable» situación al Gobierno de España de tal manera que ahora nos encontramos con planes de gestión el agua que «son incompatibles entre sí con un grave cuestionamiento de la legislación nacional sin tener capacidad normativa para ello, con unas presuntas opciones alternativas y compensatorias que con toda seguridad no van a estar disponibles en 2O27, que requieren importantísimas subvenciones de mera oportunidad política, inviables a medio y largo plazo, de dudosa legalidad e idoneidad ambiental, y que no están contempladas en la planificación hidrológica reciente mente aprobada».

De momento, lo que ya dan por seguro las autonomías del PP es que la modificación prevista de caudales conllevará una reducción de 100 hectómetros cúbicos de agua anuales a zonas necesitadas y modificaciones en el consumo. Es por esto por lo que se han ofrecido a realizar un trabajo conjunto para las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Los gobiernos de las cuatro autonomías, que representan a 22 millones de habitantes, ya interpusieron demandas ante el Supremo por la modificación de los caudales.