Madrid no aplicará la Ley de Vivienda de Sánchez en las «zonas tensionadas»

La Comunidad de Madrid se prepara para acudir de nuevo a los tribunales. Esta vez se trata de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que podría acabar en el Constitucional porque considera que, tal y como está redactada, «invade competencias autonómicas en la regulación del mercado inmobiliario», asegura Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. De hecho, ha anunciado que no se aplicarán algunos de los supuestos contemplados en la norma que quedan en manos de las comunidades autónomas o los ayuntamientos, como el que afecta al control de precios de los alquileres en las «zonas tensionadas», o lugares en los que se ha producido un aumento sostenido en el precio de los alquileres en los últimos años. A esto se une que el Ayuntamiento de Madrid no recargará el IBI de las viviendas vacías, tal y como anunció el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, hace unas semanas.

Durante la presentación de la estrategia de vivienda de la Comunidad de Madrid, Martín mostró su malestar por la evolución que ha tenido la normativa estatal sobre el alquiler ya que, si bien en el año 2021 el precio lo fijaban el propietario y el inquilino libremente, con la modificación que estableció el Gobierno de España se estableció un tope de incremento al precio de los alquileres. «Ya no eran dos personas las que libremente pactaban el precio, sino que tenían un límite de aumento del 2%. Esto ha provocado un frenazo en la puesta de viviendas en el mercado del alquiler porque algunas que estaban ya a unos precios muy ajustados y, al no poder incrementarlo, sus propietarios han tenido que rescindir esos contratos. No podían cargar con el incremento de los costes que lleva asociado el alquiler de la casa».

La situación para Martín ha ido a peor en 2023 después de que el Gobierno de España aceptara en el Congreso de los Diputados una enmienda de Bildu para prorrogar ese límite en el precio de los alquileres de tal modo que «si antes era Sánchez el que fijaba el precio, ahora es el partido de Otegi el que lo hace».

A su juicio, esta circunstancia genera un perjuicio porque «se ha demostrado que, cuando se producen medidas intervencionistas, lo primero que se resiente es el mercado del alquiler». Así, considera que muchas familias que tengan un dinero ahorrado para comprar una vivienda, con la nueva normativa que se avecina que «genera inseguridad e incertidumbre», al final no lo destinan a ese fin y destinan sus ahorros a otro tipo de inversiones, lo que deriva en una reducción de la oferta, que «es el daño más grave que se puede hacer al mercado del alquiler». Y pone como ejemplo el caso catalán que ha aplicado reformas de este estilo y que, según los datos de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona las medidas de intervención en los alquileres supuso que dejaran de estar en situación de ser alquiladas más de 10.000 viviendas en Cataluña en tan solo un año, recordó la consejera.

Estrategia de vivienda

Madrid cuenta ya con una estrategia de vivienda basada en 37 iniciativas para afrontar los retos a los que se enfrenta la región en esta materia. El objetivo ahora es aumentar el parque residencial, especialmente para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, y conseguir crear el mayor «hub» de construcción industrializada mientras prepara una nueva Ley del Suelo. Madrid quiere estar a la cabeza de la transformación del modelo de construcción, que será más eficiente a nivel energético, ahorrará costes y tiempo, estará más tecnificado y generará menos residuos.