Móstoles, un hueso para el PSOE en el nuevo curso político

En un momento preinvestidura tras el 23-J y de cierre de filas en el PSOE en torno a las figuras de Pedro Sánchez y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, la situación de Móstoles y su ex alcaldesa, Noelia Posse, podría convertirse en uno de los huesos más duros e incómodos en el inicio del curso político. Precisamente en un momento en el que Lobato pretende elevar su nivel político convirtiéndose en senador y formar un equipo que responda estos cuatro años de gobierno.

Sus defensores le reconocen el mérito de haber realizado una campaña electoral impecable y de haber ganado escaños en la Asamblea esta legislatura hasta el punto casi de empatar con Más Madrid, un buen punto de partida para seguir creciendo. Sus detractores piensan que el 23J ha dejado claro en Madrid, después de que algunos barones autonómicos socialistas culparan a Sánchez de lastrar sus resultados el 28-M, que «el problema no es Sánchez, sino cómo está el PSOE de Madrid». Piensan que el liderazgo de Lobato «ha tocado techo» tras no lograr que el PSOE se convierta en el principal partido de la oposición, aseguran a LA RAZÓN los críticos del partido.

A la vuelta del verano, Lobato podría enfrentarse a una situación que podría obligarle a tirar de bisturí. Le aguarda el caso de Móstoles y su ex alcaldesa, Noelia Pose, regidora de la segunda ciudad más importante de Madrid hasta el pasado 28-M, en que perdió su mayoría en una de las localidades que tanto Lobato como Sánchez evitaron deliberadamente en su campaña para las autonómicas y municipales.

El asunto tiene que ver con el «caso ITV», que ha envuelto a la ex regidora en toda una maraña judicial que podría dejarla malparada a ella y al partido en el peor de los escenarios posibles. El «caso ITV» la llevó a los tribunales acusada de perdonar una deuda de 2,5 millones en tasas municipales a una ITV de la localidad.

El asunto se empezó a investigar a raíz de la denuncia del interventor del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas, que fue cesado después de poner en su conocimiento las presuntas irregularidades contables y de denunciar una campaña de acoso y derribo contra su persona por este motivo.

Recientemente ha sido repuesto en el cargo después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Madrid anulara el cese y posteriormente lo confirmara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El asunto sigue su curso en el Tribunal de Cuentas. El pasado día 25 de julio este tribunal dio traslado a Posse y a su antiguo equipo de Gobierno de la liquidación provisional por alcance por importe de 667. 132 euros en total y se les requiere que depositen o afiancen esta cantidad al considerar que ha habido una presunta infracción contable. Los obliga así a responder por los cánonones no recaudados a una ITV de Móstoles, aunque se trata de una liquidación provisional a falta del juicio contable.

Deriva penal

El «caso ITV» tiene, además, otra deriva penal. En un primer momento, quedó sobreseído al determinar la jueza instructora que no había delito de malversación y prevaricación. Sin embargo, se reabrió después de que Más Madrid y la Fiscalía interpusieran un recurso de apelación contra la sentencia del juzgado número 1. De esta manera se ha incoado un procedimiento abreviado, previo al juicio oral, que llevará a la alcaldesa y a su antiguo equipo de gobierno a sentarse en el banquillo de nuevo por el «caso ITV». Esto se espera que ocurra a la vuelta del verano.

Si se abriera juicio oral, como todo parece indicar que ocurrirá, el secretario general de los socialistas, Juan Lobato, se vería obligado a aplicar el código ético del PSOE, que conlleva la expulsión del partido de Posse.

En estas circunstancias, cinco de los siete concejales del PSOE que tienen representación en el Ayuntamiento de la localidad del sur tendrían que dejar su acta y correría la lista quedando como portavoz del grupo la pareja de Mariano Bonilla, abogado y promotor inmobiliario que, además, ha sido el encargado de llevar la defensa de la regidora y de seis ediles del PSOE en el caso ITV. Bonilla fue también ex edil del PSOE en Móstoles y pasó al grupo de no adscritos tras un desencuentro con el partido, aunque finalmente regresó al PSOE.

¿Pero y si Posse y los cuatro concejales implicados en el caso ITV de la actual corporación decidieran no renunciar a su acta de concejal y pasarse al grupo de no adscritos? Es un escenario que no se ha descartado en el PSOE y que podría poner al partido en Madrid en una situación muy delicada dado que, en este caso, la representación socialista quedaría reducida solamente a tan solo dos concejales en la segunda ciudad más grande de Madrid, un feudo tradicionalmente socialista que en las últimas elecciones le arrebató el Partido Popular. «Es una patata caliente a la que se va a tener que enfrentar Lobato porque, si esto ocurriera, en Móstoles la gente no votaría ya al PSOE y caeríamos en picado. Cómo gestione el caso va a ser una prueba de fuego para él», aseguran miembros del partido.

Mientras, el secretario general de los socialistas madrileños iniciará el curso político en septiembre con más cargos. No solo es ya el secretario general de los socialistas madrileños, también el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid y, desde el 23J, senador por designación autonómica.

Él mismo ha explicado que con este triplete su intención no es otra que «ganar visibilidad en un nuevo espacio de cara al Madrid de 2027», aunque dentro del partido se hacen múltiples interpretaciones, como es la de «posicionarse y postularse como el nuevo Zapatero para el postpedrismo». Otra de las lecturas que se hacen es que, ante un dirigente que «ha tocado techo, el Senado es una salida digna», explican otras fuentes consultadas.

Acusación popular

Mientras todo esto ocurre, la socialista Noelia Posse sigue dando la batalla en la oposición en el Consistorio mostoleño contra el interventor que la ha puesto en jaque y el ex concejal de Más Madrid que la llevó a los tribunales por el «caso ITV».

Ahora el Grupo Municipal Socialista ha decidido personarse como acusación popular en un procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles contra el interventor Caín Poveda y el ex concejal Gabriel Ortega y el ahora portavoz de Más Madrid en Móstoles y ex gerente del Instituto Municipal del Suelo, Javier Díaz.

Están acusados de un presunto delito de administración desleal en concurso con delito de falsedad contable, delito fiscal y apropiación indebida. Supuestamente, esta estrategia política procesal estaría avalada por la dirección del PSOE-M. La guerra continúa.