Mujeres y labradoras: Alcalá de Henares en 1570 (I)

En el reinado de Felipe II tuvo lugar un proceso muy poco conocido, pero interesantísimo, de privatización o «perpetuación» (que es como ellos lo llamaron) de tierras concejiles o comunales, que el rey argüía que eran de realengo y no de otra propiedad o jurisdicción. Ese proceso tuvo lugar, a grandes rasgos, en dos oleadas, una alrededor de 1570 y otra alrededor de 1590.

El proceso tuvo lugar en todos los términos municipales que podamos imaginar desde Andalucía a Castilla la Vieja. Se trata de un arbitrio fiscal: bajo el argumento de que la tierra peor cultivada es la que no es de nadie en propiedad, si las parcelas hoy públicas se vendieran por un precio moderado a quien las estuviera labrando, seguro que las comprarían y las explotarían mejor para obtener óptimos rendimientos.

Así se hizo

El Consejo de Hacienda, que era el Real Consejo encargado de poner en marcha las órdenes de venta de estas tierras y de controlar su dinámica, envió a decenas de «jueces de comisión» por todas partes. Como jueces que eran, llevaban vara de Justicia, así como un escribano y habitualmente dos alguaciles para su custodia. Cada juez llevaba por escrito las «instrucciones» para su comisión: que fulano fuera a tales pueblos, que se presentara en los ayuntamientos a los que se le mandaba, que pregonara en las plazas de los pueblos las órdenes que se le habían dado por escrito y que mandara registrar a todos los labradores que trabajaran tierras de esa calidad, concejil-realenga, las fanegas que estuvieran labrando para ofrecerles su privatización por escrito, a cambio de las cantidades de dinero (siempre asequibles) que se acordara y estipulara.

Esas tierras se explotaban de mil y una maneras diferentes: en unos pueblos, se sorteaban cada año las parcelas de marras; en otros se entregaban de por vida al campesino que primero clavara la reja de su arado en la parcela del convecino que acababa de morir y cuyo óbito anunciaba el clamorear de las campanas (me los imagino alrededor de las parcelas del tío Marcelo que se estaba muriendo, todos con las mulas uncidas para salir a la carrera con intención de ser los primeros que le metieran a la tierra la reja…, con descontrolada alegría incluso sexual); en otros sitios llevaban décadas por costumbre o por desidia explotando los mismos las mismas tierras... De todos estos usos etnográficos y antropológicos están llenos los informes de los jueces de comisión. Ellos también escribieron miles de folios sobre las quejas en unos pueblos, los lamentos en otros, los apoyos en los terceros, sobre el bien o el mal que había en privatizar esas tierras. Y detenciones, y albortos, y solicitud de jueces para privatizar en otra localidad y así durante lustros. ¿Que se aburrían? Decir que aquella era una sociedad iletrada porque no leían a Quintiliano, es posible. Que era analfabeta, porque no sabía leer y escribir, es una tautología, pero imaginarla al margen de la cultura escrituraria es una distorsión de la realidad. Por cierto: esos jueces y esos escribanos, así como los secretarios que recibían en el Consejo de Hacienda los informes, los registros, las copias de las escrituras y demás, habían estudiado en alguna de las Universidades de Castilla, o en alguno de los Estudios municipales o generales. Es el caso de Cervantes, que en su día fue juez de comisión para embargar grano, aceite y otros productos durante trece años por Andalucía.

Las montañas de documentos, los centenares de legajos, las decenas de miles de folios que se conservan de todo lo anterior en el Archivo General de Simancas (Valladolid) es inmensa. Están en la sección de «Consejo y Juntas de Hacienda» y en las demás secciones contables que generó la máquina administrativa de los Austrias: en «Contadurías Generales», en «Contaduría Mayor de Cuentas» y así sucesivamente.

En su día calculé que en tiempos de Felipe II se privatizó más de un 10% de la tierra arable de los municipios por lo que pasaron los jueces de comisión Francisco Delgadillo, Diego de Carvajal, Julián de Tébar, Pedro de Sierra, Diego de Paz, García Páez de Sotomayor, Andrés del Mármol, Alonso de Olivera, García de Valderrábano (todos esos por municipios de la actual provincia de Madrid).

(Continuará)

*Alfredo Alvar Ezquerra es profesor

de Investigación del CSIC