En muchos municipios madrileños persiste el miedo a que las lluvias venideras causen estragos. Aún no se ha olvidado la DANA de 2023, que dejó dos fallecidos y daños superiores a los 58 millones de euros. En un otoño en el que las precipitaciones ya se han hecho notar, muchos alcaldes temen graves consecuencias ambientales, económicas y sociales si la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no adopta medidas de manera urgente.

Por este motivo, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha acudido a la CHT (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) para canalizar las quejas de 54 ayuntamientos de distinto signo político, a través de 136 expedientes que reflejan «un patrón repetido de abandono, ausencia de limpieza, retrasos de años en expedientes, sanciones arbitrarias y una comunicación prácticamente inexistente entre el organismo estatal y las entidades locales».

De momento, ya se han registrado inundaciones y daños en infraestructuras en municipios como San Sebastián de los Reyes, Torremocha del Jarama, La Serna del Monte o El Álamo.

También se han detectado riesgos sanitarios y medioambientales por vertidos y acumulación de residuos en zonas como Batres, Alcalá de Henares y Cobeña, mientras algunos ayuntamientos empiezan a sufrir el desgaste económico de asumir «actuaciones impropias sin apoyo financiero».

A la vista de los expedientes presentados ayer por la presidenta de la FMM y también alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ya se aprecia una «pérdida de confianza institucional y jurídica por la arbitrariedad de los criterios de la Confederación».

«Los municipios necesitan procedimientos ágiles, competencias claras y planificación previa. No pueden asumir intervenciones que no les corresponden ni esperar durante años autorizaciones necesarias para prevenir daños», explicó Piquet. Por ello, pidió al presidente de la CHT que asuma las responsabilidades de limpieza, mantenimiento y desbroce de los cauces. «Si no es posible, que nos dejen a los alcaldes hacer nuestros deberes y mantener nuestros entornos naturales en perfectas condiciones», añadió. También reclamó que «no se multe a los alcaldes cuando desbrozamos y limpiamos los márgenes de los ríos o arroyos».

Los expedientes alertan del deterioro generalizado de los cauces madrileños, con «arroyos obstruidos, vegetación descontrolada, vertidos y riesgos de inundación ante la pasividad de la CHT». Detallan casos de dejación en los que, pese a los avisos municipales, «no se ha producido intervención alguna por parte del organismo competente», con consecuencias que van desde la inseguridad vial y vecinal hasta sanciones injustificadas.

Entre los ejemplos citados figura San Sebastián de los Reyes, donde el arroyo Valdelahiguera sufrió un derrumbe parcial en enero de 2024 «sin que se haya llevado a cabo ninguna actuación correctiva». En Torremocha del Jarama, los arroyos San Román y Patones acumulan maleza, especies invasoras y árboles caídos, lo que ha provocado «reiterados desbordamientos e inundaciones», detalla el informe elaborado por la FMM que recoge todas las protestas de los alcaldes. A ello se suma la «paralización de las labores de limpieza del río Jarama desde 2023», pese a las peticiones del Ayuntamiento. En Sevilla la Nueva, tras la DANA de septiembre de 2023, se solicitaron actuaciones urgentes en varios cauces (Retamosa, Fuente Montes y Charcas), pero «todas fueron denegadas o aplazadas indefinidamente, incluso cuando las solicitudes se basaban en informes técnicos de seguridad hidráulica».

En La Serna del Monte, el arroyo local «no ha sido objeto de limpieza desde agosto de 2024», pese a los daños estructurales provocados por las últimas inundaciones en el área recreativa municipal.

El caso de Batres resulta especialmente significativo: «la ausencia de limpieza ha generado acumulaciones de residuos, vertidos incontrolados y un notable empeoramiento de la calidad del agua». Lo más llamativo, añade el documento, es que «el Ayuntamiento ha recibido sanciones por vertidos derivados precisamente de la inacción del propio organismo de cuenca».

En El Álamo, el panorama es similar. «Tras la DANA de 2023, los cauces quedaron gravemente alterados; en algunos puntos se formaron playas de hasta cien metros donde antes había cauces de tres metros». Desde entonces, «no se ha realizado ninguna reparación ni se ha convocado reunión técnica con los municipios afectados».

El informe, que se hace eco de los expedientes, también denuncia retrasos administrativos y bloqueos injustificados que paralizan actuaciones esenciales. En Sevilla la Nueva, la CHT exigió más de veinte documentos técnicos para autorizar intervenciones tras la DANA y tardó un año en denegarlas.

En Boadilla del Monte y Alcalá de Henares, las solicitudes para modificar concesiones de agua llevan más de cuatro años sin resolución, afectando al suministro municipal. En Arroyomolinos, el organismo «se niega a tramitar los deslindes de cauces», pese a disponer de estudios técnicos ya elaborados, y en Torremocha del Jarama las obras de limpieza iniciadas en 2022 se interrumpieron «sin explicación ni respuesta posterior». A todo ello se suman las sanciones arbitrarias. El informe recoge varios casos en los que la CHT ha penalizado actuaciones de mantenimiento o emergencia. En Arroyomolinos, el Ayuntamiento fue multado con 1.800 euros por trabajos en el arroyo Valdearenal «sin causar daño alguno al dominio público hidráulico». En Tres Cantos, la sanción llegó por podas y pequeñas obras de acceso al Parque Norte, consideradas labores básicas de conservación. En Sevilla la Nueva, el organismo impuso cánones por vertidos en arroyos que no mantiene, y en Batres, abrió expedientes sancionadores por residuos procedentes de infraviviendas que «deberían haber sido retirados por la Confederación».

«Hermetismo»

La FMM denuncia además una falta de coordinación y transparencia institucional. Los municipios hablan de «hermetismo y ausencia de comunicación técnica». En El Álamo, los representantes municipales abandonaron una reunión tras la DANA de 2023 al considerarla «una presentación propagandística sin soluciones reales».

En Batres, las respuestas oficiales llegan fuera de plazo, «lo que impide gestionar incidencias urgentes». Alcalá de Henares sigue sin respuesta ante ocupaciones ilegales, vertidos y presas colmatadas, pese a los escritos y visitas presentados desde 2024. Y en Arroyomolinos, aunque se mantiene la cortesía administrativa, el consistorio denuncia «una falta estructural de coordinación y delimitación de competencias».

Finalmente, Judith Piquet propuso un plan extraordinario de limpieza y mantenimiento de cauces, la reducción de plazos administrativos en las autorizaciones, la clarificación de competencias y la revisión de expedientes sancionadores por actuaciones preventivas o de emergencia.

También reclamó una mejora en la comunicación directa entre instituciones.

Retrasos de meses e incluso años

La Federación de Municipios de Madrid ha alertado de que las solicitudes para intervenciones de mantenimiento, tanto ordinarias como de urgencia, acumulan retrasos de meses y, en algunos casos, de años. Piquet se mostró satisfecha, tras la reunión, de que «la FMM ha logrado el compromiso de la Confederación de establecer una mayor agilidad en la comunicación entre ambas instituciones. Además, la Federación trabajará en vías que faciliten esta comunicación a los ayuntamientos más pequeños, para lograr actuaciones conjuntas que tengan mayor impacto y permitan intervenciones coordinadas».