Pedrito clavó un clavito

La moción de censura, para unos tuvo una justificación clara, para otros solo respondió a la ambición de poder

Hay asuntos importantes que se banalizan cuando se meten en la coctelera del debate político diario. Se polemizan, se manchan de barro y terminan perdiendo importancia ante la opinión pública.

Nuestro sistema democrático exige que la oposición fiscalice al gobierno y que confronte con él, pero también que en determinadas cuestiones, que afectan al sistema, se produzcan consensos.

El problema es que la mediocridad de los liderazgos arrastra todo a la disputa de peor calaña. Se agrandan los errores del adversario, con poca altura intelectual, pérdida de respeto y lenguaje tabernario, hasta el punto de que Rufián ha creado escuela.

Cuando, desde algunas tribunas, se tachó de golpe de Estado la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, se estaba haciendo pura y sencilla demagogia.

La moción de censura, para unos tuvo una justificación clara, para otros solo respondió a la ambición de poder, pero de lo que no cabe duda es de que es un mecanismo democrático de acceso al gobierno previsto constitucionalmente.

Lo mismo podría decirse de la intervención de Sánchez en la crisis sanitaria de Madrid. Podrá atribuirse a un intento de menoscabar al gobierno de Díaz Ayuso o a la deriva de la pandemia en la capital, pero la cuestión no es de alcance en el sistema.

Sin embargo, lo que va a hacer Sánchez con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí es de máxima importancia democrática y no se puede confundir lo uno con lo otro.

D. Gregorio Peces Barba afirmaba en numerosas ocasiones que en el ánimo de los constituyentes estaba el buscar el consenso en algunos temas, como el nombramiento de magistrados para el Tribunal Constitucional o el CGPJ.

Además, se entendía el consenso no como una suma de diseños, sino como el esfuerzo por confluir desde posiciones diferentes. La incapacidad para entenderse con los diferentes es la marca de su liderazgo, pero no puede llevar al cambio de reglas en las instituciones sobre las que se fundamenta nuestra democracia.

El gobierno ha diseñado toda una operación política y jurídica para poder realizar nombramientos en el órgano de gobierno de los jueces con la mitad más uno de los votos de la Cámara, evitando la mayoría cualificada de 3/5 prevista para el caso, y que Casado no de la talla, no lo justifica.

Cuando los constituyentes exigían la mayoría cualificada, pretendían obligar a los partidos principales a entenderse. La gravedad de lo ocurrido consiste en que, a partir de este momento, nunca volverá a haber un consenso para la elección del CGPJ, porque algún día el PSOE será oposición y el PP volverá al gobierno y, cuando toque la renovación, ni siquiera existirá el debate, la mitad más uno del hemiciclo volverá a imponer su criterio, esta vez de signo contrario.

Clavar un clavo en un mal sitio puede hacer que se resquebraje hasta la roca más sólida. Los atajos, a veces, no te hacen llegar antes, sino peor.