Más estado, menos Alarma

Después de un año y con una cifra que superará con creces los 100.000 muertos, España afronta el proceso de vacunación de la población, como la única fórmula válida para proteger la vida y el futuro de todos. Han sido 365 días de duro aprendizaje, sobre lo que supone una gran emergencia que entraña necesariamente restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas. Un aprendizaje que, en parte, y en lo que se refiere al Gobierno de la Nación, ha caído en saco roto, porque España sigue careciendo de herramientas legislativas estables y eficaces que se podrían haber articulado en los primeros meses de esta crisis. Hablamos de doce meses en los que el Estado de Alarma ha sido la única respuesta ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez frente a las necesidades generadas por la emergencia sanitaria del Covid 19. Una medida excesiva que nos ha demostrado que es necesario disponer de una alternativa legal, consistente en el refuerzo de la legislación ordinaria en vigor, con una Ley contra las Pandemias, de la que, doce meses después, aún carecemos. La inoperancia legislativa y de gestión se ha traducido en los seis estados de alarma de la primera ola y en dos declaraciones más, una, de un Estado de Alarma monográfico para la Comunidad de Madrid, para evitar que los madrileños salieran de puente, y, la otra, del Estado de Alarma actualmente en vigor, que se aprobó para que durara medio año, sin apenas control parlamentario, otorgando una aparente cogobernanza a las comunidades autónomas que, periódicamente, es sustituida por la monogobernanza autoritaria del Gobierno Central, enmascarada en decisiones de un consejo interterritorial que funciona, en la práctica, como si fuera un órgano soberano con capacidad legislativa y ejecutiva. Una actuación cuestionable, caracterizada por la arbitrariedad, que le ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez confundir en todo momento la cogobernanza con la injerencia, y alternar periodos intervencionistas con los de pasividad total, siempre dependiendo del titular deseado en los medios de comunicación y del grado de polarización óptimo en su estrategia de tensión institucional. Un vacío legislativo inexplicable que ha provocado una innecesaria y excesiva aplicación del Estado de Alarma, cuando para la restricción de derechos y la limitación de actividades podíamos haber dispuesto de una herramienta legislativa mucho más proporcionada, en la que se estableciera una adecuada secuenciación de posibles situaciones, en función de valores estadísticos como la tasa de incidencia, o también, ahora que vamos entrando en este nuevo escenario, las estadísticas de vacunación. Eso hubiera evitado arbitrariedades, y también decisiones generalizadas y dañinas, porque hubiera permitido focalizar las restricciones, minimizando sus efectos, tanto sobre las libertadas de todos, como respecto a las actividades sociales, incluidas aquellas de las que depende el empleo y el mantenimiento de nuestra sociedad del bienestar. Un texto legal que impulsara un modelo real de cogobernanza, colaboración y coordinación real con las autonomías y que sirviera también para crisis futuras, que contribuyera a hacer más fuerte el Estado, del que carecemos por culpa de un Presidente de Gobierno que siempre es partidario de los botones de alarma.