En mi nombre, no

El Gobierno está intentando convencer a los españoles de que la imposición de penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve dirigentes políticos independentistas condenados por sedición y por delitos de corrupción, abusando gravemente del poder que tenían, es una venganza impropia de un Estado democrático que el Gobierno tiene que reparar en aras de la concordia. La realidad de la que el Gobierno no habla es que indultar delitos de esta naturaleza a personas no arrepentidas, dispuestas a reincidir, y con planes detallados para volver a intentarlo, es una forma de pagar las letras de cambio que firmó Pedro Sánchez para sacar adelante, de forma sucesiva, su moción de censura, su investidura y sus presupuestos.

Estamos ante decisiones con consecuencias penales que se toman con finalidades que, lejos de la utilidad pública invocada, afectan al puro interés personal y partidista de quienes las toman. Los mismos que dudan en excepcionar del turno de vacunación a la selección que representa a España en un torneo internacional, se muestran firmes para dictar la mayor arbitrariedad concebible. Porque estos indultos nada tienen de magnánimos, toda vez que suponen un castigo encubierto, tan duro como sutil, para todos los españoles cumplidores de la ley, para los catalanes que defienden la idea de España y, sí, también, para los que, teniendo y expresando ideas independentistas, nunca traspasaron los límites de la ley. Solo una letra separa el indulto del insulto, la «S» de Sánchez, una ignominiosa letra que da razón a quien utilizó la fuerza y abusó de su poder para imponer su ideología, traspasando todos los límites de la ley. Es grave que un Gobierno de España lance el mensaje de que, ante los graves delitos que se cometieron en Cataluña durante el «procés», el culpable de lo que ocurría era otro Gobierno de España, el que presidía Mariano Rajoy, y que los condenados por el Supremo no sólo eran inocentes, cosa que la sentencia ha dejado claro que no eran, sino que además merecen ser perdonados de sus delitos y considerados como víctimas, e incluso como héroes, comparación con Mandela incluida. Solo hay algo más grave que los indultos que se anuncian, y es la forma de justificarlos. Porque en la escala de valores de Pedro Sánchez lo condenable es prohibir un referéndum ilegal o aplicar el artículo 155 de la Constitución y lo perdonarle cometer actos de sedición, malversar recursos públicos y dividir y arruinar a la sociedad catalana.

La doctrina que transpira el indulto a un golpe de Estado que sigue en marcha no sólo es irresponsable y profundamente antidemocrática e inconstitucional, sino que tiene un fondo esencialmente antisistema y de claudicación ante los que quieren arrodillar al Estado. Por eso, decir de forma cívica «en mi nombre no» a los indultos, es además de un acto democrático, una forma de decir sí a España, a la democracia y a la libertad de los españoles, que no podemos claudicar ante quienes, abusando de su poder hoy, quieren perdonar los delitos de quienes abusaron de su poder ayer.