Estado de revés

Tres ministros jueces, en un Gobierno con 22 carteras, deberían ser suficientes para que Pedro Sánchez defendiera, en lugar de erosionarlo y atacarlo, nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de división de poderes. Sin embargo, forman parte del Gobierno que ha sufrido el mayor número de resbalones jurídicos y reveses judiciales de la historia de nuestra democracia. Los primeros síntomas fueron muy graves: primero, el nombramiento como Fiscal General de una diputada socialista y ex ministra hasta un día antes; segundo, la conducta del ya antiguo vicepresidente que convirtió en un ataque descalificatorio frontal y sistemático contra la independencia judicial. Luego vinieron, uno tras otro, los varapalos. Uno de los primeros, cuando la Audiencia Nacional concluyó, en el caso del cese ilegal del coronel De los Cobos, que fue una pura represalia. Uno de los últimos, cuando nuevamente la Audiencia Nacional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid para eludir las restricciones impulsadas por el Ministerio de Darias que afectaban al ocio nocturno y a la hostelería, una invasión de competencias en toda regla y una afrenta a la seguridad jurídica. Esa resolución se unía a la respuesta dada a recursos de Canarias y Baleares, ante los que el Tribunal Supremo manifestó que hubiera sido deseable una ley específica de pandemias, algo que también manifestó el Consejo de Estado, así como el Gabinete Técnico del alto tribunal, cuando se mostró crítico con el recurso de casación habilitado por el Gobierno para que, tras el final del Estado de alarma, este órgano se convirtiera en una especie de juzgado de guardia para las medidas anticovid adoptadas por las CCAA. También el Tribunal Constitucional, que en estos momentos debate intensamente si el confinamiento domiciliario incluido en el primer decreto de Estado de Alarma fue inconstitucional, anuló en su día la disposición con la que el Gobierno metía a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro de un decreto-ley inadecuado. Un exceso en el uso de esta figura legal, que también censuró el Alto Tribunal cuando declaró inconstitucional el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social. La Justicia también ha alzado su voz respecto a los anunciados indultos del «procés», informando en contra de su concesión, señalando que ni hay desproporción en las penas ni hay arrepentimiento. Y el órgano de Gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ha rechazado de formas muy sonoras textos legales del Gobierno, como el Anteproyecto de ley de Libertad Sexual o el de la ley de Memoria democrática, este último nada menos que por estimar que vulnera la libertad de expresión.Son demasiado reveses en poco tiempo, que demuestran que Sánchez, además de no comprender la división de poderes, gobierna contra el Estado, pero que ponen también de relieve la fuerza, independencia y vigor de un poder judicial constitucional y democrático, determinado a defender la legalidad y la Nación. Actuar contra el Estado de Derecho con tanta contumacia te convierte en un adversario de la legalidad y tiene sus consecuencias.