Iglesias, vicepresidente en la sombra

La precipitada manera de llegar a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez obligó a que los acuerdos que alcanzó con quienes apoyaron la moción de censura no se hicieran públicos. El objetivo era acabar con Mariano Rajoy y no importaba el precio. Tampoco Sánchez expuso un programa de gobierno, aun siendo una moción constructiva. Pero eso es ya pasado, guste o no. Sin embargo, el Ejecutivo ha echado a andar y, aunque sí sabemos que para recibir el apoyo del PNV la condición era mantener los Presupuestos Generales del Estado, que tanto favorecen al País Vasco, que los ofreció como si hubiesen sido redactados por el PSOE, guarda en un absoluto secretismo cuáles son los pactos alcanzados con el resto de socios (Podemos e independentistas catalanes). Era lógico que Sánchez no anunciara en las sesiones de la moción de censura que su propósito era acercar a los presos de ETA para tener el favor de los nacionalistas vascos –ni su electorado lo hubiera entendido–, pero una medida de esta trascendencia debería exponerse en sede parlamentaria y, previamente, a los partidos firmantes del Pacto Antiterrorista: PP y Cs. Es sintomático que Podemos esté sólo como observador, equidistante figura que, sin embargo, no le impide tener más información de los planes de Sánchez sobre el plan de acercamiento de los presos etarras que los firmantes del pacto. Es, además de injusto, un grave precedente para una cuestión de Estado. Sánchez eligió Berlín, tras su encuentro con Angela Merkel, sin duda el lugar menos indicado para anunciar su predisposición a tomar una medida tan importante. El segundo tema de Estado –hasta ahora rubricado por un acuerdo entre los entonces llamados partidos constitucionalistas, pacto que los socialistas ya han abandonado– es el desafío independentista en Cataluña. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, actuó en su encuentro del pasado martes en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, como un vicepresidente del Gobierno en la sombra. En tanto que no forma parte del Ejecutivo no está obligado a explicar el contenido exacto de su reunión, aunque dejó claro el mensaje: «No es sensato que en España haya presos políticos». Efectivamente, es un mensaje que rompe la unidad de criterio mantenida con los socialistas y los partidos constitucionalistas de que en Cataluña se había producido un verdadero golpe contra la legalidad democrática y que la acción de la Justicia sólo podía actuar en el sentido de procesar a los instigadores de aquellos actos. Si la declaración de Iglesias calificando a España como un Estado totalitario forma parte del «gesto» exigido por el ultranacionalista Torra y Puigdemont, sería conveniente que Sánchez concrete cuáles son los planes para restablecer la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. El presidente de la Generalitat ya ha advertido que es necesario volver a convocar otro 1-O para «implementar la República». Ni un gesto del independentismo, ni una aceptación de que las aciagas jornada del 6 y 7 de septiembre cuando se borró de un plumazo la Constitución y Estatut fueron un error, si se quiere, pero sobre todo un ataque en toda regla al Estado de Derecho. El «vicepresidente» Iglesias parece también ignorarlo, incluso sintoniza plenamente con la idea del fin del «régimen del 78» –incluida la Monarquía parlamentaria, objetivo principal elegido ahora por el independentismo–, sin embargo Sánchez, como presiente del Gobierno, debe explicar cuanto antes su posición sobre un tema con el que sigue estando en riesgo la integridad territorial y la convivencia en Cataluña. Torra ha elegido a Iglesias como interlocutor con el Gobierno, por lo que Sánchez tiene que aclarar cuanto antes si aceptará un referéndum y cómo defenderá la legalidad.