Felipe y Guerra, los auténticos «padres» de la Constitución

La situación es extraordinariamente grave. Estamos ante el mayor desafío al Estado de Derecho desde que se aprobó la Constitución de 1978 por culpa de una amnistía inconstitucional, injusta e innecesaria. La única justificación posible es garantizar que Sánchez sea presidente del Gobierno. Por ello, hay que salir a la calle y gritar «no con mi voto». Es el «Basta ya» que se utilizó contra ETA, ahora que se ha blanqueado a los antiguos dirigentes de su aparato político y militar. La izquierda política y mediática prefiere a antiguos terroristas, como Josu Ternera o Arnaldo Otegi, antes que a un expresidente del Gobierno como Aznar. En estos tiempos tan aciagos en los que se hacen documentales sobre un ser repugnante como Josu Ternera no podemos esperar ética, coherencia o dignidad. La gentuza como Ternera debería pasar el resto de su vida en la cárcel, así como sus amigos que formaron parte del aparato del grupo terrorista. Por ello, es muy triste que Sánchez acepte los votos de estos indeseables.

No hay que dejar que criminales como Ternera tengan la oportunidad de explicarse. Hay un sector de la izquierda radical que sigue acomplejada con ETA, porque criticaron el uso de las armas a la vez que tenían simpatía o coincidían en sus objetivos. Era un conflicto político. Es absurdo utilizar este término en una democracia cuando se refiere a los enemigos de la Constitución. Por ello, es indigno que Sánchez asegure que el desafío independentista, que quería destruir España y vulneró el ordenamiento constitucional y estatutario, es «una crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial». La bipolaridad del sanchismo es muy inquietante, porque se puede decir una cosa y la contraria con pocos días de diferencia. No creo que exista un caso similar en la Historia de España o en los países de la Unión Europea. La desfachatez a la hora de utilizar el término «cambio de opinión» es fascinante.

González y Guerra son los «auténticos» padres de la Constitución, sin menoscabo del papel que realizaron los diputados que formaron parte de la famosa comisión, porque con Suárez y Abril Martorell consiguieron alcanzar un acuerdo sobre los aspectos más complicados del texto. Por ello, nadie mejor que los antiguos dirigentes del PSOE para saber si la amnistía cabe o no en la Constitución. Las interpretaciones de personajes menores como Javier Pérez Royo, Martín Pallín y otros de igual inconsistencia es irrelevante. Ahora resultará que estos hagiógrafos del sanchismo conocen mejor lo que querían los constituyentes que los que participaron y decidieron el texto que aprobaron los españoles. Es un auténtico esperpento. Los acuerdos entre UCD y PSOE al margen de los debates fueron decisivos.

Tuve la suerte de gozar de la amistad de Iñigo Cavero, que con su amigo Tomás Zamora comíamos todas las semanas. Fue tres veces ministro y una de las figuras más importantes de la UCD y su secretario general. Me dirigió la tesis sobre Derecho Constitucional y tengo la absoluta seguridad de que, al igual que el resto de los dirigentes de esta formación, a los que conocí y a los con algunos me unió una estrecha amistad, rechazarían la indignidad de aprobar una amnistía para Puigdemont y el resto de los cabecillas de la rebelión. Fue claramente una rebelión, como sucedió en 1640 o en 1705. En estas dos ocasiones, las élites catalanas, buscando beneficios personales, aprovecharon una guerra europea para traicionar a su rey legítimo. En la primera, quisieron unirse a Francia y nombraron conde de Barcelona a Luis XIII. Fue una acción patética y absurda, que perjudicó a España e hizo que perdiéramos Portugal. Felipe IV fue demasiado generoso en su reacción, porque unos años después, está vez con Inglaterra, pactaron en 1705 una nueva traición durante la Guerra de Sucesión.

Lo mismo sucedería con el procés, aprovechando la crisis económica, pensando que podrían doblegar al Estado. No fue así. La justa aplicación del artículo 155 de la Constitución y la acción de la Justicia acabó con la rebelión. Sánchez quiere blanquear a los delincuentes, al igual que ha hecho con Otegi y sus amigos del antiguo aparato político y militar de ETA, con una amnistía. Por cierto, los bilduetarras podrían incluir a Josu Ternera y al resto de pistoleros con la peregrina interpretación de que era una lucha política y sufrían la represión del Estado. Todavía recuerdo cuando un dirigente de la banda me dijo que teníamos que pedir perdón por los asesinatos cometidos por España y no se refería, precisamente, a los GAL. Había incluido a los familiares que habían tenido accidentes de tráfico o habían fallecido por lo que consideraban el «dolor» de tener a sus hijos, que eran unos criminales, en las cárceles.

¿Es ético perdonar y limpiar los delitos de los independentistas que se rebelaron contra la democracia? ¿Es aceptable blanquear a los antiguos dirigentes y colaboradores de ETA? En mi opinión es repugnante. Hemos pasado de aprobar indultos y modificar el Código Penal, para complacer a Junqueras y el resto de condenados, a otorgar la impunidad dentro de unas semanas con el fin de que Sánchez continúe en La Moncloa. No debería ser fácil dormir plácidamente cuando se quiere violentar la Constitución y se utilizará a Conde-Pumpido para que lave las miserias del sanchismo. El presidente del Constitucional debería llamar a González y Guerra para preguntarles por qué la amnistía es inconstitucional. Es muy sencillo, porque el texto que votamos los españoles fue el que ellos decidieron con Suárez y Abril Martorell. Los miembros de la ponencia y los diputados y los senadores actuaron bajo sus directrices. No hay mejores intérpretes.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Constitucional e Historia de las Instituciones (UNIE)