La Iglesia indemnizará a las víctimas de abusos desde una comisión de expertos

Los obispos españoles mueven ficha después de que llegara a sus manos el informe del Defensor del Pueblo y la auditoría encargada al bufete Cremades & Calvo-Sotelo para radiografiar la crisis de los abusos en España. A partir del estudio «Para dar luz», que sintetiza los dos trabajos externos y marca un hoja de ruta para frenar esta lacra, la Conferencia Episcopal Española ha decidido crear una comisión de arbitraje y otra comisión de baremación de ámbito nacional con el objetivo de que estudien las distintas denuncias presentadas en las oficinas diocesanas de protección del menor y que por diferentes circunstancias no tienen recorrido en el ámbito judicial, bien porque el victimario haya fallecido o el caso haya prescrito para la justicia civil.

Así se ha aprobado en la Comisión Permanente, el órgano colegiado de los pastores católicos que se ha reunido este martes y miércoles en Madrid. El equipo de especialistas será el que calibrará el alcance del daño sufrido por las víctimas y estimará un plan de reparación integral personalizado que, en principio, busca ir más allá de una compensación económica para ofrecer un acompañamiento psicológico o espiritual si se precisara.

«Reducir la cuestión solo al ámbito monetario podría desembocar en una mercantilización de las víctimas», advirtió ayer en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, sobre el proyecto presentado por el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores. «A veces las víctimas no quieren nada más que ser escuchadas», añadió. Sobre la composición de las comisión, no ofreció más detalles sobre número y nombres, pero sí adelantó García Magán que se tratara de «expertos con un perfil plural de distintas procedencias y áreas: juristas, médicos, profesionales con dimensión espiritual…».

En cualquier caso, con esta decisión de responder directamente a la justicia restaurativa de las víctimas los obispos se adelantan a la iniciativa formulada por el informe del Defensor del Pueblo, en el que se planteaba la creación de un fondo estatal nutrido de recursos tanto del Estado como de la Iglesia que contara con un procedimiento reglado, por parte de un órgano independiente e imparcial formado por un equipo multidisciplinar de profesionales.

A la par, García Magán dio por cerrado el encargo realizado por parte del Episcopado al despacho de abogados liderado por Javier Cremades y desveló que su precio final ha sido de 1,2 millones de euros. Sobre el alto coste, el portavoz de los obispo admitió que «no ha sido barata», si bien apreció la profesionalidad del equipo del bufete y el hecho de que no les cobraran la minuta. Y es que, tal y como desveló el propio despacho, la factura podría haber llegado a los diez millones de euros.

Por otro lado, la Comisión Permanente también ha dado vía libre a una nota en la que expresa su «profunda comunión eclesial y adhesión al Santo Padre Francisco», así como a «su magisterio». Este documento sale a la luz ante el revuelo generado por la declaración vaticana «Fiducia Supplicans» que abre la puerta a las bendición de parejas en situación irregular.