Los expertos reclaman ya una revisión externa para evaluar los efectos de la covid

En agosto, 20 insignes expertos en Salud Pública publicaron una carta en la prestigiosa revista «The Lancet» en la que reclamaban una revisión externa de la gestión de la pandemia de Covid-19 en nuestro país. Demandaban que una comisión de expertos independientes evaluase la respuesta a la crisis que habían dado hasta entonces los gobiernos central y autonómico, preguntándose extrañados sobre la cifra de fallecimientos. ¿Cómo es posible que España, uno de los países con mejor sistema sanitario del mundo, se encuentre entre los más afectados por la Covid, con más de 30.000 contagios oficiales, 28.599 muertes y más de 50.000 sanitarios infectados por aquellas fechas?, se venían a preguntar.

Hoy, casi dos meses después de aquello, la situación no mejora. Los contagios se han disparado, las muertes contabilizadas por Sanidad desbordan las 31.000 y España se encamina hacia otro colapso sanitario en una segunda oleada. Los autores de la carta han vuelto a escribir en «The Lancet» y precisan algunas de sus peticiones iniciales. En ella, recuerdan que las infecciones por Covid-19 están resurgiendo en España. Recuerdan que tras recibir apoyo a sus peticiones por parte de más de 50 sociedades científicas y asociaciones vinculadas con la Salud Pública, la Medicina y la Enfermería, resulta ahora necesario definir dicha evaluación en términos de su oportunidad.

Apuntan aquí tres requisitos para asegurar que la evaluación, además de independiente, resulte exitosa. El primero es la urgencia. La evaluación, sostienen, tiene que comenzar de inmediato y sus resultados deben ser comunicados de forma periódica. El segundo requisito es un apoyo generalizado de los partidos políticos, sociedades científicas, profesionales de la salud, cuidadores, la sociedad civil y la sociedad en su conjunto. Aseguran que la reacción a su primera carta fue positiva entre todas las partes interesadas, y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso. El tercer requisito es que los gobiernos central y autonómicos escuchen las recomendaciones propuestas en la evaluación y actúen coordinados en consecuencia.

Los autores proponen asimismo cuatro principios rectores. El primero y, según aseguran, más importante, es la independencia de los miembros del comité de evaluación. Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación y a los propios miembros deben ser independientes del Gobierno, no haber trabajado en él y no tener intereses competenciales. Defienden que en el comité de selección y en el equipo evaluador participen académicos españoles independientes tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales. Como segundo punto defienden la instauración de una cultura de no culpar, centrada en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación sin repartir culpas. Como tercer punto defienden que haya equilibrio de género en el equipo de evaluación y que sea multidisciplinario para evitar lo que denominan el pensamiento de grupo y promover una evaluación crítica más amplia. En cuarto lugar, abogan por conferir a la evaluación de un alcance amplio, que analice los efectos sanitarios, económicos y sociales con aportaciones tanto del Gobierno como de las autonomías. La organización de la evaluación podría pasar por seleccionar un panel de expertos apoyado por un equipo científico que sea responsable de analizar la evidencia. Los expertos animan a los gobiernos central y autonómico a sacar adelante esta evaluación, basada en evidencia científica. Entre los firmantes de la carta figuraban sanitarios de la talla de Juan Jesús Gestal Otero, Joan Carles March y José María Martín-Moreno.