Vacunas y solidaridad

El 2020 ha sido un duro año en el que con una esperanza compartida en todo el planeta se ha esperado a que se encontrara una vacuna frente al Covid-19. Ahora existen varias posibilidades de distintas farmacéuticas, pero con un acceso al suministro desigual en el planeta. Hasta el momento, de los 40 millones de dosis administradas en los 50 países donde ha comenzado la campaña de vacunación, incluida España, ninguno de ellos es un país de los llamados pobres.

Además, la previsión es que, en los 70 países más desfavorecidos del planeta, nueve de cada diez ciudadanos no serán vacunados este 2021, a no ser que se implementen medidas correctoras.

Desde un punto de vista ético y práctico, frente a esta injusta realidad y en línea con la petición de la OMS de que el acceso a la vacuna sea universal y equitativo a nivel mundial, España, ha reaccionado. El pasado Consejo de Ministros del 19 de enero ha aprobado el Plan de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la crisis del Covid-19. Un plan con el que se busca contribuir a garantizar el acceso a vacunas contra el Covid-19 a los países de renta baja y media que no cuentan con medios suficientes para adquirirlas. En este sentido, España está impulsando que ésta estrategia de “vacunación solidaria” la asuma también la Unión Europea.

Atajar esta pandemia sin dejar a nadie atrás requiere de una respuesta desde la solidaridad concertada a escala global. Por ello, mientras exista el actual sistema de patentes mundial, éste es el camino para intentar que el acceso a la vacuna sea para todos, porque nadie estará a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo. Por tanto, compartir las vacunas es el compromiso de España.

Un compromiso enmarcado en una estrategia solidaria con el triple objetivo de salvar vidas, reforzando la salud; proteger y recuperar derechos y capacidades humanas (muy especialmente la alimentación, educación e igualdad de género); y preservar los medios de vida, la protección social y los sistemas socioeconómicos.