Test de autodiagnóstico: ni contigo ni sin ti

Los test rápidos se han convertido en una de las armas más eficaces para el control de la pandemia. Fue a finales de septiembre, cuando la segunda ola amenazaba Europa, y España –Madrid en concreto–, se convertía en el epicentro de los contagios, cuando la revista científica The Lancet publicaba un análisis de un grupo internacional de epidemiólogos, virólogos e inmunólogos sobre las estrategias que podrían servir para darle una vuelta a la situación. Una de las más importantes era el uso de pruebas rápidas –los test de antígenos–, como complemento para un sistema sanitario colapsado por las PCR que, sin dejar de ser la prueba más completa, era similar a «matar moscas a cañonazos».

El virus nos llevaba tanta ventaja, que si no acelerábamos las consecuencias podrían ser catastróficas. Y ese fue el primer paso para un cambio de mentalidad que no todos vieron del mismo modo, pero que sirvió a comunidades como Madrid para conseguir algo con lo que no podrían ni haber soñado: reducir la incidencia acumulada que en septiembre superaba los 830 casos a menos de 300 a mitad de noviembre. Una estrategia elogiada en toda Europa (no así en España, pero ya se sabe que nadie es «profeta en su tierra») que pudo llevarse a cabo, en parte, gracias a la elección de una prueba más táctica pero igual de efectiva, la de antígenos, que permite un conocimiento prácticamente al día del número de casos, esencial para cortar las cadenas de trasmisión.

El resultado lógico de un éxito de este calibre era que dicha herramienta, que había ayudado a evitar una debacle sanitaria y económica (además de miles de muertes) se quisiera introducir en las farmacias, por dos motivos: el primero, desbloquear la atención primaria, saturada por los tiempos de las PCR y el seguimiento de los casos y, el segundo, aprovechar las ventajas de una red de 22.000 farmacias, única en el mundo. Pero ahí empezó «la guerra».

La interpretación por parte de los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras y especialistas en salud pública) fue la de que hacerlo no solo era un acto de intrusismo profesional sino, directamente, una temeridad. Los profesionales de farmacia alegan, ante las críticas, que tienen la formación y la capacitación para hacerlos, además de estar protegidos por la ley.

En palabras de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), «no existe una prohibición expresa que impida que el personal sanitario de la oficina de farmacia realice determinados test rápidos», más bien al contrario, considera que si entre las funciones básicas atribuidas a las farmacias se incluyen elementos como «atender demandas sociales» o las «tareas relacionadas con la prevención y la promoción de la salud», esa omisión podría interpretarse en un sentido favorable a la realización de test en las farmacias. De hecho esa función se plasma a diario en programas de prevención de cáncer colorrectal o en la realización de pruebas del VIH.

Por otro lado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos defiende que su postura ha sido la misma desde el inicio: «Ponernos al servicio del Ministerio de Sanidad y de las comunidades para participar en estrategias de cribado y de detección precoz», señala Ana López Casero, vocal del organismo. «Nosotros no queremos vender test. Como profesionales, simplemente nos gustaría tener un papel más activo en las estrategias de salud pública, con las ventanas que da tener una red de 22.000 farmacias, única en el mundo, que llega hasta el último rincón de España. Creo que, desaprovecharla, es un lujo que no nos deberíamos permitir en un contexto como este. Pero no vamos a ir por libre», añade.

Y así se hizo en Orense. 51 farmacias de la provincia participaron en el estudio epidemiológico de la Consejería de Sanidad para detectar a los casos asintomáticos. En apenas dos semanas las farmacias orensanas realizaron hasta 6.000 test rápidos en sus instalaciones, en una campaña que se mantuvo todo noviembre. El objetivo era detectar posibles casos asintomáticos e identificar a aquellas personas que ya tienen anticuerpos del virus, algo para los que los test rápidos son especialmente útiles. Además, la idea que trascendía a esta iniciativa era que se pudiera aumentar la capacidad diagnóstica de nuevos casos sin saturar los centros de salud y poder obtener una foto completa en tiempo breve de la situación epidemiológica de una provincia que estaba en una situación peligrosa.

Y así, ante los buenos resultados obtenidos en Orense, la Comunidad de Madrid pidió a Sanidad poder implementar la misma estrategia. La respuesta llegó dos meses después, el último día de 2020. El Ministerio sólo autoriza a realizar test en zonas de alta transmisión donde se hagan cribados. La razón, según alega, es que las instrucciones de uso de los test establecidas por el fabricante contemplan la realización a personas con criterios clínicos y/o epidemiológicos de Covid-19, como son las personas sintomáticas, los contactos estrechos de casos confirmados asintomáticos y las personas asintomáticas en entornos de elevada transmisión y riesgo epidemiológico. Hacerlo fuera de estos supuestos sería, como indica el documento, «podría ser considerada como una medida extraordinaria, siempre que esta participación de las oficinas forme parte de una actuación de cribado poblacional selectivo en el contexto de un programa de salud pública de la Comunidad».

Sin embargo, mientras se ponen trabas a la realización de test en las farmacias, las pruebas rápidas circulan libremente por internet, sin una regulación que limite sus efectos. Un negocio tan rentable como ofrecer una certeza «a domicilio» y con la discreción que otorga no tener ninguna obligación de comunicar el resultado, no podía quedarse fuera de juego en esta pandemia. Así, el mercado de los test de autodiagnóstico ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Y el debate no es si son eficaces o no, cosa que no se pone en duda, sino el «mal» que pueden hacer en una situación como la que estamos viviendo. Porque, con un supuesto negativo en la mano, podemos causar caos a nuestro alrededor.

«Los profesionales de farmacia estamos denunciando esta venta ilegal. Seguramente serán fiables, pero no lo recomendamos en absoluto. No hablamos de fiabilidad, sino de legalidad. La Covid-19 es una enfermedad de comunicación obligatoria, y las estrategias solo funcionan si todos estamos dentro del sistema. Que una persona pida un test por internet, se lo haga (sin experiencia para hacerla correctamente, como en el caso de las pruebas nasofaríngeas), interprete el resultado y actúe en consecuencia, es un peligro que no nos podemos permitir», recuerda Casero.