Santa Sede
Celaá, de ministra vetada por la escuela católica a embajadora en el Vaticano
Pedro Sánchez recompensa a la creadora de la Lomloe como nexo de unión con Roma
No es la primera ex ministra premiada con un puesto diplomático, pero sí con una de las plazas más estratégicas: la Embajada ante la Santa Sede. Pedro Sánchez ha recuperado a Isabel Celaá después de darla por amortizada cuando se dispuso a renovar su gabinete el pasado mes de julio. El presidente del Gobierno prescindió de la que fuera su portavoz en su primera legislatura, amén de la ministra de Educación que elaboró una de las leyes bandera del Ejecutivo: la Lomloe. Sin embargo, el desembarco de Pilar Alegría dio al traste con la posibilidad de que la política vasca de 72 años culminara su encargo a través del desarrollo curricular y la puesta en marcha de la normativa.
Para compensar su salida, Sánchez envía ahora a Celaá a Roma, como mediadora entre Moncloa y el Vaticano. De hecho, ya ha presentado su candidatura que solo estaría a la espera del plácet de la Secretaría de Estado. Se confía en que la Santa Sede dé luz verde más pronto que tarde a su nombramiento, haciendo posible que pueda incorporarse a comienzos de año para participar en la tradicional audiencia que Francisco ofrece al Cuerpo Diplomático en enero. No parece que vaya a encontrar veto alguno. No solo porque Celaá se confiese católica, que no es requisito indispensable, pero siempre es visto con buenos ojos. Tampoco parece que los obispos españoles vayan a poner demasiados peros, en la consulta informal que se suele hacer en estos casos. A pesar de que la reforma educativa ha devuelto a la asignatura de religión a la categoría de no evaluable y con el mínimo horario posible –tal y como se encontraba en la era Rodríguez Zapatero–, el diálogo con los prelados ha permitido desarrollar un currículo novedoso para la materia confesional que ha sido apreciado desde Educación.
Estos punto de encuentro con el Episcopado dista de la tensión que se generó con la escuela católica. Hasta tal punto que promovieron una marea naranja de protestas hace un año al considerar que la ley Celaá atenta contra la libertad de elección de centro y mina contra la sostenibilidad de los centros de educación regentados por instituciones religiosas.
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