España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa

Somos, junto a Portugal, el país de la OCDE donde más psicofármacos se consumen. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE, por sus siglas en ingles), mostro en 2020 – con datos pre pandemia– que España encabezaba el consumo mundial lícito de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, que en 2020 aumentó un 4,5% y superó las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, laprescrpción de ansiolíticos y antidepresivos ha subido en nuestro país un 4 y un 6%, respectivamente, desde noviembre del 2020 hasta el mismo mes de 2021. Los médicos recetaron 54 millones de cajas de ansiolíticos y 45,1 millones de antidepresivos entre enero y noviembre del año pasado. Sin tener datos actualizados a fecha de hoy, a mediados de 2020 había 2,1 millones de personas con un cuadro depresivo, el 5,25% de la población mayor de 15 años, según los últimos datos difundidos a finales del año pasado por el INE a raíz de la Encuesta Europea de Salud.

Otro estudio elaborado por el CIS en la primavera de 2020 mostró que el 6,4% de la población había acudido a un profesional de la salud mental desde el inicio de la pandemia, el 43,7 % por ansiedad y el 35,5 % por depresión. Todos los expertos coinciden en que el problema va en aumento.

“Existe una tendencia ascendente en el consumo de psicofármacos en la mayoría de los países occidentales, no es un problema específico de España. Ya era patente antes de la pandemia y tiene que ver con tres aspectos”, señala Guillermo Lahera, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Alcalá y miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEP).

“El primero es la medicalización de los problemas de la vida cotidiana, las reacciones emocionales negativas, como la frustración, la rabia, el sufrimiento o la pena. Hemos desarrollado una intolerancia al sufrimiento, que tratamos de calmar con fármacos; el segundo es la ampliación de los límites de los trastornos mentales, que han pasado de tener límites restrictivos a difusos y, el tercero, la falta de acceso a intervenciones no farmacológicas». La pandemia ha acentuado esta tendencia, ha aumentado la demanda y, ante una Atención Primaria colapsada que no puede ofrecer alternativas, ha generado un incremento de estas prescripciones.

Abuso de sedantes

¿Podríamos estar ante una crisis como la que ha vivido – y sigue viviendo – Estados Unidos con el consumo de opioides? “No es comparable en el sentido de que la suya es mucho más trágica y grave, ha sido trágica, es mucho más grave, porque los opioides traen consigo una gran morbi-mortalidad. En España, y en Europa en general, el problema lo tenemos con el abuso de las benzodiacepinas, que acarrean importantes problemas de dependencia y cierta morbilidad, pero no tanto de mortalidad”, señala el experto.

A su juicio, uno de los grandes problemas de nuestro país es el aumento en el abuso de ansiolíticos e hipnóticos, muchas veces usados en el abordaje del insomnio. Las guías internacionales recomiendan limitar su uso a casos en los que han fracasado medidas no farmacológicas, especialmente higiene del sueño, meditación o técnicas cognitivo-conductuales. «Aquí no funciona así, fundamentalmente porque la gran saturación que vive la AP impide a los médicos probar primero con sus pacientes estas opciones terapéuticas menos invasivas y sin riesgo de dependencia», destaca.

Por otra parte, estamos en un contexto en el que la salud mental ha salido a la palestra en España de la mano del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció en noviembre del año pasado que dotaría con 100 millones de euros un «ambicioso» plan para “asegurar una atención de calidad en todos los niveles, tanto hospitalario como en Atención Primaria”.

El Ministerio de Sanidad presentó a principios de diciembre «la primera Estrategia de salud mental de España en 12 años». Sustituye a la última, de 2009, y fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el voto favorable de todas las comunidades autónomas. El proyecto pretende ser una herramienta para mejorar la salud mental de los españoles, aunque la mayoría de las sociedades científicas han rechazado avalarlo; lo consideran «poco ambicioso» y critican que no establezca objetivos medibles.

Una ley “anticientífica”

Sin embargo, lo que ha encendido todas las alarmas de la comunidad científica y clínica ha sido la Propuesta de Ley General de Salud Mental, presentada el pasado 21 de septiembre y que lleva el inequívoco «sello» de Unidas Podemos. Un texto que se encuentra en plazo de presentación de enmiendas hasta el próximo 16 de febrero, aunque ya se ha prorrogado hasta en once ocasiones desde noviembre.

“Sobre la Estrategia, pensamos que podía haber sido más concreta y ambiciosa, pero no contiene errores y globalmente compartimos su visión biopsicosocial. En cambio, la Propuesta de Ley de Salud Mental, actualmente en trámite parlamentario, nos parece contraproducente e innecesaria”, explica Lahera. “Las razones son varias. La primera, que legislar específicamente para personas con trastorno mental puede estigmatizarlas; la segunda, que traslada una visión puramente social de los trastornos, que no corresponde a la naturaleza compleja de estos problemas; la tercera, que pretende diluir el concepto de trastorno mental en ‘problemas de salud mental’, lo que conlleva una peligrosa banalización y, la cuarta, que está cargada de elementos ideológicos que no se apoyan en la evidencia, por lo que ha sido contestada por las principales sociedades científicas. Contiene errores técnicos importantes, realmente esperamos que no salga adelante», añade el experto de la SEP.

Para el presidente de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, José Luis Carrasco, no solo, “es una ley que no escucha a la ciencia, es más, es una ley anticientífica” que mezcla la salud mental con el “malestar cotidiano”, lo cual deja a los pacientes “totalmente desprotegidos”. «¿Quién es el paciente social mentalmente sano si no se hace desde la ciencia? ¿Lo define el Estado? ¿Quién decide qué es lo sano?», se pregunta.

Lo que se propone desde el ámbito científico, es impulsar con determinación y concreción la atención de esta área en España. “No con una ley, sino con planes concretos de acción, orientados a descolapsar Atención Primaria y reforzar la red de atención especializada en salud mental. Más profesionales, más recursos, accesibilidad a un tratamiento integral y una apuesta por la prevención, más allá del diagnóstico y tratamiento”, concluye Lahera.

Evitar el discurso anti-medicación

Una de las críticas que las sociedades científicas hacen a la citada Proposición de Ley es que, basicamente, incurre en un “discurso indiscriminado anti-medicación”. Una cosa es denuciar el uso excesivo de psicofármacos en algunas ocasiones- como sucede con los antipsicóticos, que a veces se utilizan fuera de indicación, por ejemplo, para el abordaje del insomnio o los rasgos de personalidad- y otra muy distinta es demonizarlos, ya que, como destaca Lahera, “son herramientas necesarias y beneficiosas para muchos pacientes con trastorno mental”.

Concretamente, la SEP cita el artículo 16 del texto en el que se reconoce que “cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado en la clínica, así como la utilización preventiva de medicación neuroléptica o antipsicótica, sin sintomatología franca, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de la persona con problemas de salud mental”. Un planteamiento asi, señalan, puede hacer creer que los psicofármacos son “medicamentos de segunda”.