Escándalo de la sangre contaminada en Reino Unido: las infecciones y muertes no fueron un "accidente"

No fue un accidente. El que se considera uno de los mayores desastres sanitarios de la historia del Reino Unido «pudo ser evitado». Pero, en su lugar, el Gobierno ocultó la información, «traicionando la confianza de las víctimas una y otra vez». Tras siete años de investigación, el juez retirado Brian Langstaff ha publicado este lunes las conclusiones sobre el escándalo de transfusiones con sangre contaminada llevadas a cabo en las décadas de los 70 y 80.

Alrededor de 30.000 personas fueron contagiadas con VIH, Hepatitis B, C y enfermedades virales crónicas. Más de 3.000 –entre ellas, niños utilizados como «conejillos de indias»– perdieron la vida y la cifra sigue subiendo semana tras semana. Las víctimas llevaban medio siglo pidiendo que la verdad saliera a la luz y finalmente han conseguido su propósito con la publicación de un informe que ha causado gran conmoción en el país. «El Gobierno sostuvo repetidamente que las personas recibían el mejor tratamiento disponible y que las pruebas de las donaciones de sangre comenzaban tan pronto como la tecnología estaba disponible. Ambas afirmaciones eran falsas», recalcó el magistrado retirado al frente de una pesquisa iniciada en 2018.

Langstaff asegura que el riesgo de infección por transfusiones de sangre se conocía, al menos, desde la década de 1940, pero en Reino Unido no se hizo nada al respecto, es más, se siguieron importando productos sanguíneos del extranjero, entre ellos de Estados Unidos, donde a prisioneros y drogadictos se les pagaba por donar.

Al ocultar a los pacientes que estaban infectados se permitió que contagiaran también a sus familiares, llevándoles en muchos casos al ostracismo social por el estigma que existía respecto al sida y otras enfermedades sanguíneas. El paquete de compensaciones superará ahora los 12.000 millones de euros. Pero para las víctimas lo importante es hacer justicia. «Ahora el país y el mundo entero saben que hubo un intento deliberado de mentir y ocultar», afirma el activista Clive Smith. No obstante, nadie irá a la cárcel.

La investigación concluye que los sucesivos gobiernos estaban «más preocupados por el daño a la reputación que por la apertura y la honestidad». «La respuesta a la pregunta ‘¿hubo un encubrimiento?’ es que lo ha habido. No en el sentido de un puñado de personas tramando una conspiración orquestada para engañar, sino de una manera más sutil, más penetrante y más escalofriante en sus implicaciones. De esta manera se ha ocultado gran parte de la verdad», matiza.

El Sistema Nacional de Salud Pública (NHS) participó en un «cierre de filas defensivo» en lugar de emprender investigaciones o disculparse ante los miles de infectados. Hubo «fracasos sistémicos, colectivos e individuales para abordar de manera ética, adecuada y rápida el riesgo de transmisión de infecciones por la sangre».

Uno de los capítulos más demoledores es el dedicado a la tragedia que se desarrolló en el Lord Mayor Treloar College, una escuela de Hampshire en una clínica de hemofilia. De los 122 pacientes con hemofilia que asistieron a la escuela entre 1970 y 1987, solo 30 sobreviven.

Los menores fueron utilizados como una oportunidad experimental «única», suministrándoles «indiscriminadamente» productos sanguíneos que resultaron estar contaminados con VIH y hepatitis C, sin informarles ni a ellos ni a los progenitores. Un pasaje desgarrador detalla cómo se les dijo a los escolares que habían sido infectados con el VIH: «El personal recorrió la sala diciendo ‘SÍ, NO, SÍ, NO’ para indicar si eran VIH positivos y luego los niños fueron enviados de regreso a clase».

El actual primer ministro conservador, Rishi Sunak, pidió perdón a las víctimas. Pero el hecho de que a día de hoy el Ejecutivo no haya establecido sus planes de compensación en los dos años transcurridos desde que se recomendaron por primera vez los pagos se considera un «fracaso grave que reproduce los errores del pasado» y «agrava el daño que ya se ha infligido», perpetuando la misma falta de apoyo que las víctimas llevan sufriendo «durante casi medio siglo».

En las décadas de 1980 y 1990 se perdieron o destruyeron tres conjuntos cruciales de documentos que presentaban una mala imagen del Gobierno. El informe asegura que se trató de «un intento deliberado de hacer que la verdad sea más difícil de revelar». Los archivos destruidos incluyen aquellos que detallan cuántas personas podrían haberse salvado de la infección por hepatitis C. Los registros médicos de pacientes individuales también se perdieron o destruyeron, lo que hizo imposible a la pesquisa buscar ayuda o comprender cómo y cuándo se infectaron.

Por otra parte, a pesar de conocer los riesgos de la sangre importada, Reino Unido no logró alcanzar la «autosuficiencia» en tratamientos sanguíneos hasta 1990. Esto significó que a lo largo de la década de los 80, el NHS continuó importando el factor VIII, tratamiento de plasma sanguíneo para la coagulación de la sangre, de Estados Unidos, donde los fabricantes pagaban a donantes de alto riesgo, incluidos reclusos y consumidores de drogas.

Mientras tanto, los servicios de sangre del Reino Unido continuaron recolectando donaciones de las prisiones británicas hasta el año 1984, a pesar de que desde principios de la década de 1970 se advirtió al departamento de salud de que no era seguro.

Miles de pacientes aún no saben que podrían ser víctimas del escándalo. Esto incluye dos tercios de los que recibieron transfusiones de sangre entre 1965 y 1974, y tres cuartas partes de los niños que recibieron transfusiones de sangre entre 1975 y 1984.