La Iglesia aprueba que el Defensor del Pueblo evalúe a las víctimas de abusos

Luz verde de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal para culminar la negociación abierta con Moncloa para abrir una nueva vía de indemnización supervisada por el Defensor del Pueblo para las víctimas que no se fían de la comisión independiente creada por la Iglesia para este fin. Así lo confirmó hoy el secretario general del Episcopado, César García Magán, en la rueda de prensa con la que culminaba la reunión de otoño de los obispos españoles.

«Los obispos han recogido esa propuesta que se venía trabajando desde la Presidencia y la Secretaría General, en concreto, con el Ministerio de Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia, y de recibir a través del Defensor del Pueblo, los casos de personas que no desean dirigirse a la Comisión del Plan de Reparación Integral para las Víctimas de Abusos (Priva). Entonces, la Asamblea Plenaria ha aceptado ese marco general de referencia y ha delegado a la Comisión Ejecutiva para continuar, proseguir la negociación, para concluirla», detalló el también portavoz de los obispos.

Tal y como ya adelantó LA RAZÓN, desde hace un año se han llevado a cabo al menos tres reuniones técnicas entre el equipo designado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la delegación eclesial conformada por representantes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos. El acuerdo se encontraría en su fase final tras la cita mantenida el miércoles 29 de octubre en Moncloa. Durante la Plenaria se habrían matizado algunos de los puntos de esta nueva vía de reparación para las víctimas para compartirlo de nuevo con el Gobierno y dar su aprobación definitiva. Así, García Magán reconoció que «es una negociación que está abierta, que está caminando, que va avanzando, que tiene un buen avance». «Mantenemos una relación de confianza», sostuvo el secretario general, sabedor de que «lo que hemos ido acordando se está respetando».

Lo cierto es que, más allá de esta alternativa, desde que el pasado curso se pusiera en marcha la comisión de expertos del Priva, ya se han presentado 101 casos, 58 estarían resueltos y la suma de dinero que la Iglesia ha de entregar a las víctimas alcanza los 1,6 millones de euros.

Además, los obispos han introducido en el diálogo con el Ejecutivo de coalición una nueva petición que responde a una inquietud de las víctimas: que estas indemnizaciones no tributen, como sucede con las víctimas del terrorismo. «Lo hemos puesto encima de la mesa, en las conversaciones. Desde la Comisión Ejecutiva de junio lo estamos trabajando», desveló García Magán, sobre este «cambio de normativa» para que esta partida que reciben no esté sujeta a fiscalidad, como hasta ahora.

En el encuentro con los medios, de nuevo salió a la palestra la investigación abierta contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, por supuesto abusos a un menor. Una vez más, el portavoz episcopal recordó que deben convivir el derecho a denunciar con la presunción de inocencia. «En lo personal, estoy a la espera de lo que diga La Rota», comentó, a la vez que subrayó que fue el propio Zornoza quien decidió no participar en esta Asamblea Plenaria. De la misma manera, aclaró que la Iglesia española no podía adoptar medida cautelar alguna sobre él, puesto que la decisión depende de Roma, como aceptar n de su renuncia.

Preguntado por el proyecto ganador para la resignificación del Valle de los Caídos, el secretario general de los obispos, no entró en detalle, pero apreció que «nos parece valioso que los acuerdos entre los actores se mantengan en el tiempo y en el espacio». De la misma manera, evitó pronunciarse sobre el hecho de que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, calificara la reforma de Cuelgamuros como un «duty free ideológico». En cualquier claro, garantizó que no habrá profanación alguna y respaldó la mediación del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, «buscando salvaguardar los principios fundamentales».

Al hilo de los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco y de la vuelta de la monarquía, el obispo auxiliar de Toledo destacó que Juan Carlos I fue «un autor imprescindible para la democracia en España y para el camino de las libertades». En esta misma línea, enfatizó que la «monarquía parlamentaria» que «ha sido y es un pilar fundamental de estabilidad» y remarcó que el Rey Felipe VI encarna la institución «de forma impecable».