Los sindicatos denuncian incumplimientos de la ley de universidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer la situación de interinidad e incertidumbre sobre el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que, seis meses tras su entrada en vigor, sigue sin contar con la financiación necesaria.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) al que el ministro Joan Subirats encargó un informe sobre financiación en las universidades, calcula que para alcanzar el 1% del PIB hay que incrementar la inversión anual un 15%, es decir, 3.100 millones de euros de aquí a 2030. Y es que se parte de un escenario en el que las universidades han perdido un 20% de financiación en los últimos diez años y de manera global el gasto es un 32% más bajo que la media de la UE.

Estas son algunas dudas que se plantean todas las universidades sobre las necesidades de financiación y el impacto que puede tener en las plantillas de Personal Docente e Investigador (PDI) y el personal técnico de gestión y administración de servicios (PTGAS):

Desde CSIF reclaman al nuevo Gobierno y a las comunidades autónomas financiación suficiente para poder afrontar los retos de la LOSU.

Hoy se cumplen 6 meses desde que entrara en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y parece que se hace realidad su primer gran incumplimiento: el Estatuto del Personal Docente e Investigador. La Disposición final décima de la LOSU establece que «en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario».

Hay que recordar que el Estatuto del PDI, siempre retrasado y nunca aprobado –la última propuesta seria fue del ministro de Educación Ángel Gabilondo en el 2011–, afectará a más de 110.00 profesores e investigadores de universidades públicas y debe configurarse como un marco normativo fundamental para establecer una carrera profesional clara y progresiva, que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia.

CSIF pide mejorar el desfasado e injusto sistema retributivo del Personal Docente e Investigador del año 1989 en el que prima un sistema de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de evaluación permanente.

Precisamente ayer, la presidenta de Crue Universidades, Eva Alcón, urgió al ministro de Universidades, Joan Subirats, a que se detalle el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el aumento de al menos el 1% del PIB que fija la nueva ley de universidades, un aporte extra de más de 3.000 millones anuales.

Tras la reunión con Subirats, la también rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón le ha trasladado la preocupación de la Universidad ante el problema de la financiación pública que se arrastra desde los recortes de 2012 y ha calificado la situación de «urgencia».